El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto que designa a ocho organizaciones criminales latinoamericanas como «organizaciones terroristas extranjeras». Entre ellas se encuentran seis cárteles mexicanos: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noroeste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. Además, la medida incluye a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador y el Tren de Aragua, un grupo delictivo de origen venezolano.
Con esta designación, el gobierno estadounidense podrá aplicar sanciones económicas, restricciones de viaje y posibles acciones militares contra estas organizaciones. La administración Trump busca intensificar la presión sobre estos grupos debido a su participación en el tráfico de drogas y otras actividades criminales que afectan la seguridad nacional de EE.UU.
La medida ha generado reacciones en la región, especialmente en México. El gobierno mexicano ha expresado su preocupación por la posible vulneración de su soberanía y ha insistido en fortalecer acciones legales contra fabricantes de armas estadounidenses, argumentando que el tráfico de armas desde EE.UU. contribuye a la violencia en el país.
Asimismo, se ha informado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha incrementado el uso de drones para monitorear las actividades de los cárteles en territorio mexicano, una estrategia que podría derivar en futuras operaciones militares dirigidas.
El decreto de Trump marca un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, pero también plantea interrogantes sobre sus implicaciones diplomáticas y estratégicas en América Latina.
