San Salvador. Estados Unidos y El Salvador mantienen un acuerdo migratorio que permite el traslado directo de migrantes considerados peligrosos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel ubicada en El Salvador. La medida ha sido implementada desde marzo de este año y ya ha incluido a más de 250 personas, entre ellas diez provenientes de la base militar estadounidense de Guantánamo.
Según información oficial, los deportados son señalados por presunta vinculación con estructuras criminales como el Tren de Aragua y la MS-13. El acuerdo no exige juicio previo ni presentación de pruebas concluyentes por parte de Estados Unidos, lo que ha generado cuestionamientos desde organizaciones de derechos humanos y gobiernos de países involucrados.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha defendido la iniciativa como parte de su colaboración con la política migratoria del presidente Donald Trump. El gobierno venezolano, sin embargo, rechazó una propuesta de Bukele para intercambiar la liberación de 252 venezolanos deportados por la excarcelación de presos políticos detenidos en Venezuela, acusando al mandatario salvadoreño de “tráfico de personas”.
Entre los casos que han provocado mayor atención internacional se encuentra el de Kilmar Abrego García, migrante deportado erróneamente y retenido en El Salvador a pesar de una orden judicial de EE. UU. que exigía su retorno.
Distintas organizaciones han denunciado condiciones de reclusión extremas en el CECOT, señalando incluso muertes por presunta tortura dentro del penal. El acuerdo ha sido calificado por medios internacionales como la creación de un “Guantánamo centroamericano”.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la administración de Bukele han emitido detalles sobre la duración del acuerdo ni los criterios específicos utilizados para determinar a los deportados.
