- Texto aprobado presenta problemas que van desde riesgos para la salud pública y la seguridad ciudadana, incompatibilidades con la normativa ya existente en la materia y roces con convenios internacionales asumidos por el país.
- Instituciones han enviado observaciones desde 2019 a la Asamblea Legislativa, sin que estas se aplicaran. Además, ninguna fue convocada a audiencia.
- Ministerios de Salud, de Seguridad Pública, de Agricultura y Ganadería, de Presidencia e ICD están trabajando para plantear soluciones a problemas en el texto aprobado.
- Poder Ejecutivo reiteró su apoyo al proyecto y que planteará las soluciones a la Asamblea Legislativa.
Los ministerios de Salud, de Seguridad Pública, de Agricultura y Ganadería, de Presidencia y el Instituto Costarricense sobre Drogas detectaron una serie de problemas en el texto aprobado bajo el expediente 21.388, Ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial, que puede presentar riesgos para la salud pública y a la seguridad ciudadana. De acuerdo con los jerarcas, en conferencia de prensa la tarde de este lunes en Casa Presidencial, el proyecto cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo y por ello presentará las soluciones a los problemas evidenciados para que se logren los objetivos de la iniciativa.
“Tras un análisis exhaustivo del texto, el Poder Ejecutivo apoya su potencial para la reactivación económica y sus efectos positivos en la salud. No obstante, durante este análisis, los equipos de las instituciones han encontrado aspectos que generarían efectos perjudiciales para la salud pública y la seguridad ciudadana. Por fortuna estos problemas se pueden solventar y queremos que así sea para la firma y vigencia de la ley“, introdujo Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia.
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Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, reiteró el apoyo a los objetivos medicinales e industriales del texto y señaló que, una vez corregidas sus falencias, los productores nacionales podrán insertarse al mercado. “Desde el MAG, vemos la industrialización y producción de cáñamo y cannabis medicinal como una gran oportunidad para los productores nacionales. No obstante, para que esta producción sea exitosa es necesario que se dé con los más altos controles de salud, seguridad y fitosanitarios. Una vez corregido el texto, no dudamos de que el sector productor estará listo y deseoso de ingresar al mercado y convertirse en un referente a nivel regional“ comentó el ministro Alvarado.
Problemas corregibles en el texto aprobado
El análisis del texto aprobado evidenció una serie de problemas que van desde riesgos para la salud pública y la seguridad ciudadana, incompatibilidades con la normativa nacional ya existente en la materia y roces con convenios internacionales asumidos por el país. Algunas de estas observaciones se remontan desde el 2019, cuando el Ministerio de Salud respondió a la consulta enviada por el Congreso. Estas observaciones se repitieron desde entonces por los entes mencionados, así como por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), sin que fueran aplicadas en el texto final.
La planta por sí sola no es medicamento. El texto aprobado trata la planta como un medicamento, sin cumplir los parámetros científicos ni médicos mínimos para catalogarlo como tal. “Ello, resulta altamente riesgoso para la salud pública, ya que se asume que la planta por sí misma, sin importar cómo sea consumida por la persona, tiene efectos terapéuticos o medicinales, y eso no es así“, señaló el ministro de Salud. Adicionalmente, no hay mecanismos efectivos de trazabilidad, lo que resultaría en un control casi inexistente.
Autocultivo. La poca regulación del autocultivo como lo plantea el proyecto, le hace prácticamente imposible el control a las autoridades de salud y seguridad, ya que cualquier persona podría encubrir el cultivo de marihuana como si fuera cáñamo.
Michael Soto, ministro de Seguridad explicó que “si el cultivo y desarrollo del medicamente se da por profesionales y científicos expertos, no existe tanto riesgo y su regulación es completamente viable, pero el autocultivo y el autoconsumo generarían una proliferación de cultivos que dificultaría las acciones contra el tráfico ilícito de estupefacientes y contra el crimen organizado“
El texto quintuplica el nivel de THC recomendado. El THC es el componente psicoactivo en los productos de cáñamo. La concentración máxima recomendada por la OMS y países europeos es del 0,2%, el proyecto actual lleva este límite hasta un 1%. Los productos con altos niveles de concentración dejan de ser consideradas drogas blandas.
El texto va en contra de normativa internacional asumida por Costa Rica. Desde el inicio de las consultas de la Asamblea Legislativa, las diferentes autoridades han sido insistentes en que el proyecto va contra diferentes convenciones a las que se ha adherido el país, tales como la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, el Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas y
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
“En cuanto al control establecido en dichos instrumentos destaca lo normado sobre el tetrahidrocannabinol (THC), así como lo estipulado en relación con el cultivo de la planta cannabis en sus diferentes variedades, entre otros. Una vez corregidos los problemas señalados, el país se mantendría en cumplimiento de estas normas“, explicó Sergio Rodríguez, director del ICD.
Las instituciones lamentaron que las observaciones no se vieran reflejadas en el texto final, a pesar de la anterioridad con que se compartieron, así como el hecho de que no fueran convocadas a audiencias para el análisis de un proyecto que requiere un alto análisis técnico y científico. Sin embargo, reiteraron que los problemas encontrados son corregibles y que compartirán las soluciones con la Asamblea Legislativa para su respectivo trámite.
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