El Ministerio de Ambiente y Energía ha esado realizando un proceso participativo apegado a los intereses ambientalistas de cara a la implementación de la ampliación del área marina protegida que rodea la Isla del Coco. Si bien el mismo tendrá un fuerte impacto en los pescadores nacionales esta propuesta no han sido consultado a los pescadores y pescadoras, quienes dependen del océano para acceder a sus medios de vida.
Este gobierno, a pesar de los múltiples proceso de diálogos fracasados que han creado, no han comprendido que existen comunidades enteras que dependen exclusivamente de la pesca para sobrevivir y que se verán impedidas de pescar en los espacios en donde tradicionalmente realizan su actividad, en razón de la enorme extensión de las áreas silvestres protegidas y el proceso se encuentra avanzado prácticamente en la fase final, a la fecha ningún miembro del sector pesquero ha podido participar.
Las autoridades se han mostrado reticentes en admitir dicha participación de los pescadores y a dar el acceso a la información al sector pesquero, lo cual es preocupante porque lo anterior era completamente indispensable para que existiera una adecuada participación, para mantener la transparencia, la buena fe y un diálogo propositivo y eficaz. Derechos que no han sido garantizados para las organizaciones pesqueras y que, en ocasiones anteriores, en procesos democráticos de participación de tal magnitud ha sido clave para garantizar excelentes resultados, como lo fue en la Plataforma Sostenible de Grandes Pelágicos. A pesar de ese importante antecedente, no parece existir voluntad institucional ni del Presidente de le República para construir un proceso transparente de participación, con reglas claras y con bases democráticas firmes.
Asimismo, tampoco se ha garantizado la igualdad de condiciones para todos los sectores participantes. Desde su inicio el proceso ha contado con la intervención de varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas, las cuales no solo han podido participar plenamente, sino que han llevado la batuta del proceso, aportando la financiación y los estudios técnicos que conforman la base del proyecto. En contrapartida, el gobierno pretende incorporar únicamente a una sola organización pesquera, casi al cierre del proceso, y la Administración ha tenido una fuerte resistencia respecto a incluir al resto de organizaciones pesqueras que conforman al sector. Los pescadores les han solicitado a las autoridades correspondientes reuniones para discutir el tema de la participación, pero estas se han rehusado a darles el espacio.
Ante la falta de transparencia, la carencia de un adecuado proceso democrático y por no existir claridad respecto de las reglas de la consulta, los pescadores desde febrero del presente año han enviado ocho diferentes oficios (número CNPP 003 0021, CNPP 005 002, CNIP 01-007-21, CNIP 02-007-21) a las diferentes instituciones gubernamentales encargadas, solicitando información y una participación democrática y transparente, no obstante, el gobierno no lo ha permitido ni garantizado. Aunado a lo anterior han decidido solicitar la intervención de otras instancias observadores y garantes del Estado como la Defensoría de los Habitantes y los Diputados de la provincia de Puntarenas.
Los pescadores reconocen la enorme importancia de la conservación ambiental y la sostenibilidad de los recursos, pero dichos esfuerzos deben estar articulados con el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas que dependen de la pesca, no a costa de ellas. Se busca alcanzar el desarrollo sostenible democrático, tal y como lo ha definido la Sala Constitucional, en donde la conservación de los recursos se da de la mano con un adecuado modelo de desarrollo.
Gonzalo Segura, de la organización de pescadores de Quepos manifesto:
“El Gobierno a pesar de nuestras múltiples notas no ha querido abrir el espacio de manera que todos podamos participar y eso nos parece muy mal, en un Gobierno que dice que su base es participación ciudadana”.
Manuel Allan, de la Organización de pescadores de palangre Guanacaste, manifesto:
“Este Gobierno no ha querido abrir los espacios de diálogo adecuados y se encuentran trabajando con las organizaciones no gubernamentales ambientalistas de gente progre, sin conocer la situación de nosotros, en un tema que contempla los derechos humanos de los pescadores en las zonas pesqueras, nuestras familias y comunidades, en la toma de decisiones sobre nuestros medios de vida”.
Marco Seas de la organización de pescadrores de palangre de Puntarenas, manifesto:
“La mayoría de los pescadores llevamos el sustento y la seguridad alimentaria a nuestras familias con nuestro trabajo, en las provincias costeras tenemos un grave problema de desempleo que no permite otras fuentes de empleo por más sueños internacionales que tenga el Presidente. La vida de muchas familias depende de la pesca. Lo que solicitamos a las autoridades es una verdadera participación con todas las personas que conformamos el sector pesquero, sin embargo, nos han negado el espacio dejándonos atrás en la visión de desarrollo de este gobierno”.
Nota de Prensa: Sector pesquero Nacional Cámara Nacional Industria Palangrera | Mauricio Gonzalez.
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