Ante los lamentables hechos presentados que involucran la vida, integridad física y psicológica de personas menores de edad, el Ministerio Público (MP) reafirma una vez más su compromiso absoluto en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, por el respeto y la garantía de los derechos de esta población previstos a nivel legal y convencional*, se hace énfasis en la necesidad de no revictimizar a las personas que se ven involucradas en estos hechos, por ello, se ve imposibilitado de brindar mayores detalles de las investigaciones realizadas.
Sin embargo, informa que, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, se encuentra avocado, sin escatimar recursos, a la investigación de este caso para establecer lo ocurrido en torno a estos dolorosos y gravísimos acontecimientos.
De acuerdo con la información que legalmente puede ser suministrada, se comunica lo siguiente:
1. El 27 de abril del 2022 la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de Cartago inició la investigación penal de una denuncia por el embarazo de una niña, misma que involucraba a personas menores de edad en condición de víctima y supuesto infractor. En virtud de la investigación realizada, el 20 de octubre del 2022, se solicitó ante el Juzgado Penal Juvenil respectivo la desestimación de la causa, petición que fue acogida por el juez, en razón de las circunstancias que rodeaban el caso.
2. El 3 octubre del 2022, la Fiscalía Adjunta de Cartago recibió una segunda información, de parte del Registro Civil, que comunicaba el nacimiento de una niña, cuya madre es una persona menor de edad. Dentro de esta noticia, no existía indicio o dato que vinculara en los hechos la participación de una persona mayor de edad.
3. El 9 de abril del 2023, la Fiscalía Adjunta de Cartago recibió la denuncia por la desaparición de la niña, por parte de la adolescente madre, mediante la cual, el Ministerio Público obtuvo indicios para iniciar una nueva causa penal en contra de un hombre de apellido Casasola, no solo por la desaparición de la bebé, sino también por posibles hechos cometidos en perjuicio de la adolescente madre.
4. Lo anterior significa que es hasta ese momento que el MP tuvo conocimiento de los hechos que involucran a una persona mayor de edad, puesto que no se había recibido, por parte de ninguna institución, persona, testigo o posible víctima, alguna denuncia o información que al menos sugiriera la participación del adulto hoy detenido.
En la actualidad, durante el desarrollo de las investigaciones en torno a la desaparición de la niña, el MP tuvo noticia de que desde el año 2019, por diferentes medios, se había reportado al Patronato Nacional de la Infancia información que comprometía el bienestar e integridad de las personas menores de edad que integraban ese grupo familiar. Por lo anterior, como parte de la investigación, se indaga cuáles fueron las acciones desarrolladas en defensa de los derechos de las personas menores de edad.
El Ministerio Público, como encargado del ejercicio de la acción penal, continúa trabajando con determinación absoluta para establecer la responsabilidad penal de cualquier persona que se vea involucrada en estos hechos. En este momento se encuentran trabajando en las diligencias un total de nueve fiscales, junto a un equipo de investigación conformado por 80 oficiales de la Fuerza Pública y 10 investigadores del Organismo de Investigación Judicial, así como cuerpos de rescate, familiares y ciudadanos.
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