Tribunal Contencioso Administrativo y Sala Cuarta han recibido varios procesos contra la obligatoriedad y contra los métodos coercitivos usados por el gobierno de Carlos Alvarado para imponer medidas de restricción y acciones de emergencia, basadas en puros argumentos vacíos, sin respaldo técnico. A toda mirada es un tema ideológico y no científico, es una clara muestra de la debilidad que tiene nuestro sistema democrático, utilizable por cualquier déspota que pueda llegar al poder y dichas actos que pueden ser lesivos para los derechos humanos de las personas.
Dos actos se dieron en Costa Rica recientemente, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y el consentimiento informado en la vacunación contra el Covid 19, ambos temas tratados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), lo que es de acatamiento obligatorio para todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mas no se trataron de la misma manera en cuanto a la aplicación de la interpretación convencional que debían hacer los juzgadores. En el caso del consentimiento informado, a diferencia de lo que sucedió con el matrimonio, no se dio.
Ya van poco más de dos años de crear CRprensa.com, me preocupa la cantidad de recursos económicos de fondos públicos que se gastan por temas que son de FORMA y no de FONDO.
Con este concepto, el Contencioso aun no ha discutido medidas cautelares solicitadas por los efectos adversos anunciados hace mas de un año por el mismo fabricante, mientras gastan el tiempo en analizar si es la FORMA, cuando se puede estar poniendo en riesgo vidas humanas, y es aquí en donde uno debe analizar si el Derecho Positivo debe ser tutelado por el Derecho Natural, al menos implementar rasgos esenciales. Bajo esta óptica, sería posible que muchos jueces de la república estuvieran siendo procesados por atentar contra la vida humana y contra la paz social.
El derecho ha la vida debe estar por encima de cualquier ley… ¿también por encima de los temas de FORMA?
Lo legal no siempre es moral, no siempre respeta los derechos humanos, es claramente manipulable, pero en este caso se podría estar ante la CONFIGURACIÓN DE UN DELITO desde los fueros de cargos públicos, y de puestos públicos sean o no de elección popular.
Que algo sea legal, no quiere decir que sea moral o que no atenta contra los derechos humanos, tampoco quiere decir que el 100% de las personas que ocupan un cargo público sean personas de principios, si así fuera, no existiría la palabra CORRUPCIÓN, y ante esta realidad se deben establecer todos los filtros posibles para evitar tales abusos.
Hoy, sin posibilidad de debate, ante el silencio de las autoridades de justicia, y ante la información pública e internacional que denuncia abusos que son evidentes también en Costa Rica, por lo que nos competen, se siguen IGNORANDO las irregularidades, se sigue evitando un debate público que podría exponer que se ha impulsado una sustancia comercial, sin cumplir requisitos e introducida en el sistema obligatorio de vacunación sin más …. Miles de millones de fondos públicos salen de nuestras manos y no tenemos derecho a pedir cuentas.
Lo peor es que se ha excluido a la ciencia y el debate público, la historia nos ha demostrado que la ausencia del debate es la presencia de la corrupción. Este proceso definitivamente esta demostrando el alcance que puede tener la corrupción en Costa Rica, algo de dimensiones nunca conocidas.
¿Mercaderes de la muerte? Eso lo sabremos en los próximos dos o cinco años, donde quienes han cometido delitos de prevaricato y el delito de probidad deberán de responder a la justicia por no defender la vida de los costarricenses y poner en riesgo nuestro sistema democrático.
¿Que si hay traidores de la patria? Los hay, pero será la historia quien los irá exponiendo.
Es el pueblo de Costa Rica quien debe organizarse para autodefinir como atender estos casos, ya que: ¿como pueden las autoridades de justicia juzgarse a sí mismos? Si son compañeros de trabajo, esos mismos que protegen las pensiones de lujo y dejan libres a los narcotraficantes y pactan con ellos.
No reaccionar como pueblo, es terminar como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Es poner nuestro destino en las manos de la mafia que ha penetrado en los Poderes de la República de Costa Rica.
Tenemos que tener claro que la ética y la profesión no son sinónimos, ya que una profesión lo que le permite a una persona es generar recursos económicos para cubrir sus costos de vida, por eso, a quien comete delitos que cobran vidas humanas se les llama asesinos, aun cuando no sea el ejecutor, también hay asesinos como autores intelectuales, también los hay por omisión, o los cómplices, así lleve el titulo de licenciatura, un doctorado, de diputado, o de mandatario a cuestas.
Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. ARTÍCULO 33. Constitución Política de Costa Rica.
Ya va siendo hora que los ciudadanos libres estudiemos a fondo la Constitución.
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