Pensar que la ley es igual para todos es completamente falso, pues depende de qué lado de la mesa uno se ubique para determinarlo.
Muchas veces hay injusticias que ocurren en el seno de las instituciones públicas hacia los ciudadanos, sin que existan necesariamente formas accesibles, eficaces y eficientes de denunciar o evidenciarlas.
Un tema afín a está situación, son la infinidad de proyectos que se presentan en relación a restringir el ejercicio de los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos y habitantes de la República. Lo más grave: muchos de estos se impulsan gracias a los fondos que aportan los costarricenses y que se ejecutan en diversos órganos públicos o personas relacionadas con los mismos, entre otros.
También es válido hacerse la siguiente pregunta, siguiendo esa misma línea; ¿Que pasaría si todo funcionario público tuviera que utilizar sus propios recursos económicos para defenderse en los tribunales de justicia?, cada vez que fueran denunciados. ¿Que pasaría si se eliminan los procesos administrativos internos en las instituciones públicas? Es un tema interesante para analizar a profundidad, pues sabemos que tiene mucha tela que cortar, tomando en cuenta, por ejemplo, la mora judicial, pero es importante imaginar un escenario semejante para entender qué ocurriría en tal circunstancia.
¿Podría ser que, si eso ocurriera, los funcionarios, de manera más generalizada, tuvieran más cuidado con sus actos? ¿O más bien los departamentos legales tratarían de encubrir la corrupción?
La realidad es que en la actualidad existe una pugna entre administrados y Administración Pública, en donde los administrados debe luchar contra una mega estructura de miles de millones que se alimenta, tras de eso, de los recursos de todos los costarricenses y cuyo fin es justamente aplastarlos. Ese desbalance de poder es fatal.
Ejemplos de injusticias hay muchos, en las distintas sedes judiciales. En sede penal, ha habido casos de jueeces de garantías que han dictado criterios ideológicos con el fin de mantener a una persona en prisión preventiva, lo que juega en contra del procesado que, al final de cuentas, lo más probable no cuenta con una defensa técnica de primer nivel, o sea, un defensor privado que se dedique exclusivamente a su caso.
Lastimosamente, la participación ciudadana es cada vez menor, dejando que minorías ideológicamente inestables y sin debates públicos tomen decisiones sobre la calidad de vida, la salud, la economía, la seguridad y otros tantos temas que deberían ser de interés público.
Hoy vemos un sistema de control social que ni siquiera permitió llevar a debate público el posible chorizo de las vacunas, que cada vez se parece más al sonado caso internacional Obredech y, al contrario, al final se trata de engavetar ese caso, junto a casos como por ejemplo el UPAD, Trocha Fronteriza, Cochinilla, Puente de la Platina, Banco Anglo, Banco Crédito Agrícola de Cartago, o la denuncia pública que realizó la sra. Paola Mora acerca del Lavado de Dinero en el BCR para poner políticos en el poder. ¿Memoria corta?
Hoy vemos cómo muchos delitos, tales como extorsiones, trata de personas, pedofilia, sicariatos, y por supuesto las granjas de troles proliferan por el descontrol que existe en la telecomunicaciones prepago, pero ni los diputados ni los presidentes quieren poner freno a esta irregularidad que nunca debió de haber existido y que al parecer nadie logra detener.
A muchos trabajadores se les han violentado derechos constitucionales como el del salario mínimo, incluso el tema del exceso de trabajo, o también está el caso de los negocios con contratos amañados como las compras de vehículos con características únicas para beneficiar a una marca, así la lista puede seguir.
¿Que pasaría si los responsables de todos estos actos de corrupción, tuvieran que pagar de su propio bolsillo la defensa de las denuncias en su contra? Es posible que, incluso, el mismo sistema se utilice para silenciar a los funcionarios públicos que quieran denunciar los actos de corrupción en las instituciones públicas para las que trabajan.
Hasta la fecha, vemos cómo los casos de corrupción AVANZAN como la famosa frase de la ex presidente Laura Chinchilla, la ausencia de consecuencias para los actos de corrupción AVANZAN, y los temas como las vacunas sin una investigación técnico científica AVANZA.
Costa Rica debe de organizarse desde las comunidades, valorar cómo generar consecuencias legales y jurídicas para quienes cometen delitos en la función pública, contra quienes cometen delitos de lesa patrias y delitos de traición a la patria, que, al final del día, dejan una sociedad más herida, indefensa, pobre, etc., etc., etc.
Opinión de Gerardo Ledezma
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