La modalidad de pago electrónico es un factor clave en la modernización del sector de transporte público en Costa Rica, no obstante, los representantes de las cámaras autobuseras señalan que no es necesario una Ley para implementarlo, ya que, durante este tiempo se ha contado con un acuerdo de industria robusto, el cual fue creado en un marco democrático, participativo, transparente y que responde a un proceso de años.
Así reaccionaron la Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS) y la Cámara Nacional de Autobuseros (CANABUS), además de la Cámara de Autobuseros de Heredia y de Limón, filiales de CANATRANS, ante el Proyecto de Ley N° 21674 “Ley para Establecer el Pago Electrónico en el Transporte Público Remunerado de Personas”. Las cámaras empresariales enviaron su exposición de motivos mediante una carta a los diputados de la Asamblea Legislativa.
“Consideramos oportuno que al momento de analizar el Proyecto de Ley se tome en cuenta este trabajo en conjunto que hemos venido realizando todas las partes, que con madurez y aprendizaje permitió poner de acuerdo a toda la industria del transporte público en un tema tan trascendental para nuestro país”, expresó Silvia Bolaños, directora ejecutiva de CANATRANS.
Las partes señalan que han venido trabajando en el proyecto del Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público, construido por rectores, reguladores y operadores en el marco del convenio interinstitucional firmado en el 2018.
Sostienen que este proyecto tiene sus reglas de juego debidamente consignadas en el reglamento del sistema nacional de pagos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), puntualmente en el “Libro XV del Sistema Nacional del Pago Electrónico en el Transporte Público (SINPE-TP)”, el cual forma parte del marco regulatorio que se viene construyendo en el país por más de dos décadas y que en otros productos ha permitido el desarrollo y operación del SINPE.
En la misiva, las cámaras repasaron una serie de hechos y trámites que han girado en torno a la conformación de este Proyecto del Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público, por lo que consideran que no es necesaria una Ley para su aplicación.
Entre ellas destacan el inicio del proceso regulatorio. Como parte de la modernización del transporte púbico, se enfocó básicamente en dos aspectos: la sectorización y la necesidad de contar con el pago electrónico, como mecanismo para modernizar el control de la operación, y que permitiese contar con una base de información para el mejor diseño de políticas públicas de transporte.
Otro factor determinante en este proceso ha sido el Convenio realizado el 11 de enero del 2018, donde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo de Transporte Público (CTP), la Autoridad Reguladoras de los Servicios Públicos (Aresep), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el BCCR y representantes del sector de transporte público remunerado de personas modalidad autobús, establecieron la regulación para el respectivo diseño y construcción del sistema de pago electrónico en el transporte público. Este convenio permitió la elaboración de toda la base sólida del Sistema de pago electrónico en el transporte público, el cual, ya se publicó su Reglamento.
Como tercer elemento, sostienen que otra fase en la que ya se ha trabajado y es indispensable es el diseño y puesta en marcha del diseño del Sistema de Pago Electrónico, el cual, se ha plasmado los principios e ideas fundamentales y rectoras del SINPE- TP.
Por último, las Cámaras empresariales del sector objetan los transitorios que trae el Proyecto de Ley, respecto a los plazos para desarrollar el reglamento de la Ley y la debida implementación el sistema del cobro electrónico. “El proyecto de Ley parece desconocer todas las acciones que ha llevado a cabo la industria del transporte público para que el pago electrónico sea una realidad. Los transitorios ponen plazos muy puntuales, mientras que todo el proceso ha tomado años para que sea un Sistema de pago electrónico eficiente y robusto”, puntualizó Bernal Rodríguez, presidente de CANABUS.
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