A la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido trasladado el expediente para consultar el Proyecto de Ley que pretende condonar millonarias deudas a grandes políticos y empresarios evasores, utilizando sus intenciones detrás de personas cotizantes independientes y pequeñas empresas que adeudan la cuota obrera y patronal, Ley de protección al Trabajador (LPT) intereses, servicios médicos prestados y multas.
Este proyecto es inconstitucional, según los criterios emitidos por la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Republica donde se indica que ni el legislador, ni la misma administración de la Caja puede condonar deudas a la institución.
La inconstitucionalidad reside en que usar los dineros de la Seguridad Social para fines distintos violenta el Artículo 73 de la Constitución Política. Entre los criterios de la Procuraduría se encuentra el OJ-28-2011, OJ-069-2020, OJ-105-2020 que indican; “(…) no puede obviarse frente a condonación propuesta que, en orden a alas deudas por cotización de la Seguridad Social y sanciones conexas, hemos insistido que, por el destino constitucionalmente prefijado que tienen dichas contribuciones, la Caja nos solo tiene la potestad de perseguir las sumas adeudas, sino el deber constitucional y legal de emprender todas las acciones procedentes en Derecho para tal fin. De modo que cualquier omisión de la Caja en ejercitar las acciones cobratorias-administrativas o judiciales-, desconocería ilegítimamente preceptos constitucionales y legalmente establecidos al efecto. E igual situación podría presentarse si se decide condonar las deudas a favor de la Seguridad Social. Violación constitucional que también podría producirse si el legislador autoriza esa condonación.”
El Proyecto de Ley propuesto no busca beneficiar a los verdaderos trabajadores independientes, sino a políticos, diputados y grandes empresarios que se afilian como independientes, y otros patronos, sin que se analice su capacidad de pago y otras alternativas que no sean inconstitucionales.
Recordemos que la evasión del pago de las cuotas obrero patronales y del Estado, incide en la calidad de los servicios y la atención a las personas aseguradas, en las listas de espera, la falta de personal, de camas y equipo, así como de infraestructura hospitalaria. Frente a la Pandemia del Covid-19 las instituciones de salud pública y sus trabajadores y trabajadoras, han sido vitales y son la primera línea de defensa de la vida.
La Unión Nacional de empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, se opone contundentemente a este proyecto de ley por cuanto significaría un fuerte golpe a las finanzas de las instituciones de salud pública, de la Caja, y un portillo para quienes buscan su privatización.
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