El decreto N° 44394-MAG, firmado por el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería, establece nuevas disposiciones sobre el control sanitario en establecimientos de sacrificio de animales. Estas medidas surgen de las facultades otorgadas por la Constitución Política y varias leyes relacionadas con la producción agropecuaria y la sanidad animal.
El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) es el órgano encargado de regular y supervisar la sanidad animal en el país, conforme a las normas internacionales y nacionales, incluyendo el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OMSA. SENASA debe garantizar la salud de los animales y la inocuidad de los productos derivados, mediante la supervisión y control de los establecimientos relacionados con la producción y sacrificio animal.
El decreto establece que los establecimientos de sacrificio de animales deben contar con médicos veterinarios oficiales u oficializados por SENASA, asegurando que el personal de inspección no esté sujeto a presiones externas que puedan influir en su juicio profesional. Además, se derogan ciertos artículos del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios para evitar la duplicidad de registros y garantizar que el SENASA sea el único órgano competente en esta materia.
Finalmente, se destaca que estas medidas buscan mejorar la calidad y transparencia de los servicios veterinarios, asegurar la independencia técnica de los inspectores y cumplir con los principios de mejora regulatoria, eliminando trámites duplicados y facilitando el cumplimiento de las normativas.
PODER EJECUTIVO | DECRETOS
N° 44394-MAG
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
En ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 140 incisos 3), 8), 1 8), 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25, 27.1, 28.2.b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria y Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ley N° 7064 del 29 de abril de 1987; Ley General sdel Servicio Nacional de Salud Animal, Ley N° 8495 del 06 de abril de 2006; el Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y Crea Organización Mundial del Comercio (Manakech 1994) que incorpora el Acuerdo sobre la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 y el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal.
Considerando:
1º—Que el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), conforme a lo dispuesto por la Ley N° 8495 del 6 de abril del 2006, es un órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual cuenta con personalidad jurídica instrumental y tiene dentro de sus competencias administrar, planificar, dirigir y tomar medidas pertinentes en todo el país para cumplir con sus servicios, programas y campañas en materias de prevención, control erradicación de plagas y enfermedades de los animales; controlar y garantizar la salud de los animales domésticos, acuáticos, silvestres u otros de las diferentes especies, así como la inocuidad de los productos, subproductos y derivados para consumo humano o animal así como establecer controles sanitarios en todas las plantas de sacrificio, proceso e industrialización de dichos productos.
2º—Que de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tal y como es el caso de Costa Rica, deben basar sus medidas sanitarias o fitosanitarias en normas, directrices o recomendaciones internacionales, estableciéndose que en materia de sanidad animal el organismo de normalización reconocido es la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) hoy OMSA, por lo que el SENASA como servicio veterinario responde y debe acatar en forma vinculante las disposiciones emanadas por la OMSA.
3º—Que la Ley General de Servicio Nacional de Salud Animal, en su artículo 56 estableció expresamente los establecimientos sujetos al control del SENASA, a los cuales le corresponde otorgar o retirar el certificado veterinario de operación.
4º—Que en apego a lo dispuesto en la Ley N° 8495 y al Acuerdo sobre la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, las disposiciones del Codex Alimentarius, y de la OMSA, es competencia única y exclusiva del SENASA establecer los requisitos sanitarios y procedimientos administrativos que deben cumplir los establecimientos indicados en el artículo 56 de la Ley N° 8495; realizar las supervisiones o inspecciones para verificar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional sanitaria y emitir las medidas sanitarias que se requiera; emitir los certificados oficiales de los controles veterinarios, las normas técnicas, las condiciones de producción y cualquier otra actividad que esté bajo su supervisión y control.
5º—Que todo establecimiento autorizado a ejercer una o más actividades de las indicadas en el artículo 56 de la Ley N° 8495 debe estar inscrito en el registro que para tal efecto creó y administra el SENASA (artículo 60), según el Decreto Ejecutivo N° 34859-MAG del 20 de octubre de 2008, Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación.
6º—Que el Poder Ejecutivo en el ejercicio de la potestad reglamentaria regulada en los artículos 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política, el 10 de julio de 1989 emitió el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios, Decreto Ejecutivo N° 19184- MAG, regulándose en sus artículos 102 y 103 que los hospitales veterinarios; clínicas veterinarias; consultorios veterinarios; maternidades veterinarias; veterinarias básicas; laboratorios veterinarios; móviles veterinarias; oficinas de asesoría y consultoría veterinarias son establecimientos médico veterinarios que debían inscribirse y renovar el registro anualmente en el Colegio y que la Fiscalía vigilaría todo lo concerniente con estos establecimientos, asimismo, estableció que le correspondía a la Asamblea General del Colegio de Médicos Veterinarios definir mediante Reglamento interno los requisitos que debe cumplir cada categoría de los Establecimientos Médico Veterinarios, los servicios que puede brindar y sus normas de funcionamiento (artículo 104), norma que es anterior a la creación del SENASA y a la Organización Mundial del Comercio. No obstante, con la promulgación de la Ley N° 8495 se reguló que le corresponde al Servicio Nacional de Salud Animal llevar el registro de los establecimientos, establecer sus requisitos, servicios y normas de funcionamiento, autorizarlos, controlarlos y supervisarlos, siendo necesario actualizar y ajustar la normativa para que no haya un doble registro de establecimientos veterinarios en perjuicio de los usuarios y se realice únicamente ante el órgano legalmente competente.
7º—Que en el Análisis de Brechas PVS-OIE, Informe 2010 la OMSA le señaló al SENASA Costa Rica que no era conveniente que los médicos veterinarios fueran pagados directamente por las empresas a inspeccionar, lo cual sucede con la figura de la regencia, debido a que ello no garantiza la debida independencia técnica, por lo que recomendó que el Estado sea quien brinde la inspección veterinaria de las actividades relacionadas con seguridad sanitaria e inocuidad alimentaria entre otras, siendo necesario ajustar las reglamentaciones con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la normativa internacional de forma que sea el SENASA quien garantice la inocuidad y seguridad alimentaria, y se garantice la independencia técnica de los equipos de inspección.
8º—Que la OMSA establece en el artículo 3.2.2. del capítulo Calidad de los Servicios Veterinarios del Código Sanitario para los Animales Terrestres, que los servicios veterinarios deben vigilar los siguientes principios fundamentales para garantizar la calidad de sus actividades:
o Juicio profesional: El personal deberá contar con las calificaciones, la aptitud científica y a experiencia que les confieran las competencias adecuadas para emitir juicios profesionales válidos.
o Independencia y objetividad: Se velará por que el personal no esté sometido a ninguna presión comercial, financiera, jerárquica, política o de otro tipo que pueda influir en su juicio o en sus decisiones. Los Servicios Veterinarios deberán actuar de manera objetiva en todo momento.
o Imparcialidad: Los Servicios Veterinarios deberán ser imparciales. En especial, todas las partes a las que afectan sus actividades tienen derecho a pretender que los servicios se presten en condiciones razonables y no discriminatorias.
o Integridad: Los Servicios Veterinarios deberán garantizar siempre un alto nivel de integridad. Deberá detectarse y abordarse cualquier fraude, soborno o falsificación.
o Transparencia: Los Servicios Veterinarios deberán ser lo más transparentes posible en todas sus actividades técnicas y de gobernanza, incluyendo la notificación de las enfermedades, la toma de decisiones sobre las políticas y los programas, los recursos humanos y los aspectos financieros, entre otros.
o Bases científicas: Los Servicios Veterinarios deberán desarrollar e implementar sus actividades con bases científicas, incorporando los avances pertinentes de campos como el análisis del riesgo, la epidemiología, la economía y las ciencias sociales.
o Colaboración intersectorial: Los Servicios Veterinarios deberán funcionar en colaboración, incluyendo a través del enfoque «Una sola salud», compartiendo conocimientos y experiencia profesionales con todos los sectores y partícipes relevantes y también optimizar la utilización de los recursos.
9º—Que el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OMSA en disposición contenida en el acápite 3.4.5 del Capítulo Sobre Legislación Veterinaria señala: “2. Delegación de poderes de la autoridad competente. La legislación veterinaria deberá prever la posibilidad de que las autoridades competentes deleguen algunos de los poderes y las tareas específicas que les incumban. Deberán definirse los poderes y las tareas que se deleguen, las competencias requeridas, los organismos o los funcionarios a los que se deleguen dichos poderes y tareas, las condiciones de supervisión por parte de la autoridad competente y las condiciones de revocación de la delegación.”
10.—Que de conformidad con los artículos 6, incisos ñ), o), q) y v), 38 y 46 de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal N° 8495; y el artículo 3.2.6 del capítulo Calidad de los Servicios Veterinario del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OMSA, el SENASA puede delegar en personas físicas o jurídicas la ejecución de actividades oficiales, conforme al ámbito de sus objetivos y competencias otorgadas en la Ley N° 8495, así como, establecer los procedimientos de control de calidad y auditoría técnica.
11.—Que según oficio SENASA-DG-353-2023/ SENASA-SUB-0002-2023, los controles oficiales se deben realizar por el SENASA, requiriéndose que el personal oficial y oficializado cumpla con los principios de la OMSA al ejecutar sus funciones. Asimismo, se indica que resulta necesario que los establecimientos de sacrificio de animales cuenten con un médico veterinario oficial u oficializado por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).
12.—Que en cumplimiento a los principios de la OMSA se requiere que el personal que desempeña labores de inspección veterinaria no se encuentre sometido a ninguna presión comercial, laboral, financiera, jerárquica, política o de otro tipo que pueda influir en su juicio o en sus decisiones, por lo que se requiere que dichos establecimientos cuenten con personal oficial u oficializado por SENASA.
13.—Que en aras de cumplir con los principios establecidos por la OMSA, en el SENASA se ha instaurado un proceso de delegación mediante la figura de la oficialización, bajo el parámetro de legalidad antes mencionado, en el que primero se identifica el establecimiento que requiere inspección oficial, segundo, el SENASA determina el perfil y competencia técnica que debe tener el personal, tercero, participación de un ente contratante independiente del establecimiento, que administra y realiza la contratación de personal a oficializar. El. SENASA capacita, oficializa, fiscaliza y supervisa técnicamente al personal oficializado. Dicho proceso permite minimizar los riesgos de que el personal a cargo de las inspecciones pierda juicio profesional, independencia y objetividad, imparcialidad, integridad y transparencia, al ya no ser seleccionados, contratados, removidos y pagados directamente por el establecimiento controlado.
14.—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012 y su reforma ‘Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”, cumple con los principios de mejora regulatoria, de acuerdo con el informe DMR-DAR-INF177-2023 emitido por la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y elimina duplicidad en trámites que debe realizar los administrados. Por lo tanto;
Decretan
IMPLEMENTACIÓN DEL PERSONAL INSPECTOR OFICIAL U OFICIALIZADO
POR EL SENASA EN ESTABLECIMIENTOS DE SACRIFICIO DE ANIMALES;
OTRAS MEDIDAS DE CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS
DE ORIGEN ANIMAL Y DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 100, 102, 103,
104 Y 106, INCISOS A) Y C) DEL DECRETO EJECUTIVO NO 19184- MAG
DEL 10 DE JULIO DE 1989, REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA
DEL COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS, PUBLICADO
EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N° 179 DEL 21
DE SETIEMBRE DE 1989
Artículo 1º—Medidas de control en establecimientos. Para el control sanitario, todos los establecimientos de sacrificio de animales deberán contar con un médico veterinario oficial u oficializado por el SENASA.
Los establecimientos señalados en el ANEXO A del presente decreto ejecutivo deben contar con los servicios de profesionales competentes, en ciencias afines a la inocuidad de los alimentos, incorporados al Colegio respectivo cuando corresponda. El SENASA determinará el perfil profesional requerido según el tipo de establecimiento. Dicho profesional deberá emitir recomendaciones al establecimiento a fin de que éste cumpla con la normativa vigente y así garantizar la inocuidad de los alimentos. Así mismo, deberá rendir al SENASA los informes, sobre dichas recomendaciones y su seguimiento, conforme le sea solicitado por dicha autoridad.
Artículo 2º—Inspectores de inocuidad. Los inspectores de inocuidad, entendidos como aquellos trabajadores capacitados que bajo la dirección de un médico veterinario oficial u oficializado ejecuta labores de inspección y control de la inocuidad de alimentos de origen animal, durante los procesos y actividades de producción, en un establecimiento, deberán permanecer bajo la tutela y disposición exclusiva del médico veterinario oficial u oficializado mientras se estén realizando dichas labores.
Únicamente en aquellos casos en los que los socios comerciales ‹lo requieran, el SENASA implementará inspectores de inocuidad oficiales u oficializados en dichos establecimientos.
Se podrá oficializar inspectores de inocuidad cuando así sea requerido por el establecimiento.
Artículo 3.—De la oficialización. La oficialización del personal se realizará por el SENASA conforme a la normativa que regula la oficialización de personas por dicho órgano. El personal que se oficialice deberá ser contratado mediante los entes contratantes a los que el SENASA les haya otorgado dicha condición.
Artículo 4º—Supervisión de establecimientos. El SENASA conforme a su ámbito de competencia implementará inspecciones en los establecimientos de sacrificio y los señalados en el ANEXO A, bajo un modelo de inspección basado en riesgo, asimismo, implementará las medidas que considere necesarias para disminuir el riesgo a la inocuidad de los alimentos.
Artículo 5º—Transferencia de conocimientos. El SENASA establecerá mecanismos para el traslado y actualización de conocimientos a la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DNEA) sobre las buenas prácticas de producción agropecuaria, higiene, inocuidad de los alimentos, salud pública, salud animal, bienestar animal y medio ambiente: con el objetivo de garantizar su transferencia a los pequeños productores agropecuarios, en forma directa y sin costo por parte de la DNEA.
La DNEA podrá coordinar con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) u otras instituciones u organizaciones públicas o privadas, según el ámbito de sus competencias, la realización de capacitaciones, charlas o talleres dirigidos a los pequeños productores en temas antes señalados.
Lo anterior, no exime al establecimiento de velar porque el personal con el que cuente el establecimiento se encuentre capacitado y actualizado según las disposiciones del SENASA u otras instituciones competentes.
Artículo 6º—Infracciones y Sanciones. Los incumplimientos a medidas u órdenes sanitarias dictadas, infracciones, alteraciones u omisiones a las disposiciones del presente Reglamento, serán conocidos por el SENASA a los efectos de establecer las correcciones y sanciones administrativas que corresponda según la gravedad de la falta, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IX de la Ley N° 8495 del 06 de abril del 2006, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal.
Las sanciones establecidas en este capítulo podrán aplicarse independientemente de las responsabilidades civiles, profesionales o penales que puedan establecerse contra quién o quiénes hayan incurrido en la falta.
Artículo 7º—Derogatoria. Deróguese los artículos 100, 102, 103, 104 y 106, incisos a) y c) del Decreto Ejecutivo N° 19184- MAG del 10 de julio de 1989, Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 179 del 21 de septiembre de 1989.
Artículo 8º—Vigencia. Rige a partir del 01 de diciembre de 2024.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los seis días del mes de febrero del año del dos mil veinticuatro.
RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras.—1 vez.—O. C. N° 4600088506.—Solicitud N° 007.—( D44394 – IN2024862083 ).
Fuente: La Gaceta
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