Varios estados de Estados Unidos están impulsando nuevas leyes para ampliar el uso de la pena de muerte, incluso en casos que anteriormente estaban protegidos por fallos de la Corte Suprema. Estas iniciativas se dan en un contexto de endurecimiento de políticas penales y migratorias, especialmente en territorios liderados por gobiernos republicanos.
El 14 de mayo de 2024, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó una ley que permite aplicar la pena de muerte a adultos condenados por violación agravada de menores. Esta medida contradice un fallo de la Corte Suprema de 2008, que prohíbe la pena capital en casos donde no hay homicidio. No obstante, legisladores locales y defensores de la ley apuestan a que la actual mayoría conservadora de la Corte reconsidere ese precedente.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis ha promovido leyes que imponen la pena de muerte obligatoria para inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales, como asesinato, violación de menores o el homicidio de oficiales de policía. Esta legislación, aprobada en febrero de 2025, elimina la posibilidad de cadena perpetua e impone la condena automáticamente, generando críticas por su potencial inconstitucionalidad al suprimir el rol del jurado en la fase de sentencia.
Idaho también avanzó en 2024 con un proyecto similar al de Tennessee, enfocado en aplicar la pena de muerte en casos de abuso sexual infantil. Sin embargo, la propuesta se estancó en el Senado estatal y no ha sido aprobada hasta la fecha.
A nivel federal, el entonces presidente Joe Biden conmutó el 22 de diciembre de 2024 las penas de muerte de 37 reos condenados por delitos federales, sustituyéndolas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta decisión reafirmó su postura contra la pena capital. En contraste, el actual presidente Donald Trump ha prometido reanudar las ejecuciones federales y aplicar la pena de muerte a delitos como narcotráfico, tráfico de personas y asesinato de policías, según declaró en múltiples eventos de campaña durante diciembre de 2024.
Estas acciones reflejan una creciente división en el país sobre el uso de la pena capital, con estados que buscan ampliar su aplicación incluso desafiando resoluciones judiciales vigentes, mientras a nivel federal se mantienen posturas encontradas según el liderazgo político de turno.
