La lucha contra la obesidad y sus enfermedades asociadas no es solo una cuestión de salud pública, sino también una decisión económica inteligente. En un contexto global en el que más de 10 países han implementado sistemas de etiquetado frontal de advertencias en alimentos, ¿por qué Costa Rica se mantiene al margen de una medida que ha demostrado su efectividad? Países como Chile (2016), Perú (2019), México (2020), Uruguay (2020) y Argentina (2022) ya han dado este determinante paso, reconociendo no solo la importancia de educar a sus ciudadanos, sino también el impacto económico positivo que estas políticas generan al reducir los costos asociados a enfermedades no transmisibles (ENT) como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas.
El ejemplo de México y el mercado latinoamericano
México, con un mercado de 128 millones de habitantes y más de 200,000 pequeñas y medianas empresas (pymes) en el sector alimenticio, es un claro ejemplo de que no hay que dejarse intimidar por el tamaño de la industria. A pesar de la influencia de las grandes corporaciones alimentarias, el país instauró los sellos de advertencia en productos ultraprocesados, convirtiéndose en un modelo para la región. En Brasil, Colombia y Ecuador también se han impulsado o están en proceso de implementar sistemas de etiquetado frontal, mientras que fuera de América Latina, países como Israel y ciertos estados de Canadá ya han adoptado políticas similares. Más recientemente, incluso Estados Unidos, con el respaldo de expertos que han planteado el tema en Harvard, ha comenzado a revisar y explorar la viabilidad de este tipo de medidas.
La ciencia y el apoyo institucional respaldan la medida
Los estudios científicos que respaldan el etiquetado frontal son contundentes. En Costa Rica, la FAO, la OMS/OPS y UNICEF han expresado su apoyo, al igual que el 81% de las instituciones consultadas y las municipalidades del país. Estas organizaciones reconocen que el etiquetado frontal es una medida costo-efectiva, que no solo mejora la salud pública, sino que también educa a los consumidores y fomenta una toma de decisiones más informada. De hecho, la Sala Constitucional, en su consulta de abril de 2024, subraya que este sistema no solo es compatible con los estándares internacionales de información nutricional, sino que está intrínsecamente relacionado con el derecho a la salud y la obligación del Estado de garantizar que los consumidores tengan acceso a información clara y comprensible sobre los productos que adquieren.
El derecho a la salud frente a los intereses comerciales
Si bien la industria alimentaria tiene un poder económico significativo, los ciudadanos tenemos algo mucho más valioso: el compromiso, la ética, y la motivación de proteger la salud de nuestras familias. Esta medida no debe verse como una amenaza para el sector empresarial, sino como una oportunidad para ofrecer productos más saludables y responsables que, a la larga, traerán bienestar a la población y le quitarán presión a la Caja Costarricense del Seguro Social. En la balanza entre la protección de la salud pública y los intereses comerciales, no puede haber duda: la salud de nuestros niños, nuestras familias y la población en general debe prevalecer. El etiquetado frontal de advertencias no es solo una herramienta de prevención, sino una inversión en un futuro más saludable y menos costoso para todos.
El archivo de este proyecto es un claro retroceso, una oportunidad perdida para avanzar en la lucha contra la obesidad y sus efectos devastadores. Las más de 2,000 firmas recolectadas a favor de esta medida son un reflejo del amplio apoyo que tiene esta iniciativa en la sociedad costarricense. La pregunta es: ¿qué estamos esperando para actuar? (¿por qué a los legisladores les ha importado tan poco?)
Dr. Alberto Morales ⚕Médico Pediatra Experto en Adolescencia y Juventud Fundador Clínica de Adolescentes HNN.
Colaborador de Costa Rica Saludable
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