La Defensoría de los Habitantes comprobó que una persona con discapacidad que requería la extensión de una certificación sobre su condición para trámites personales referentes a su salud podría tardar entre 10 y 12 meses, lo que representa una violación a sus derechos por tratarse de una dilación injustificable.
Este carné debe ser extendido por el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis) con el propósito que la persona interesada lo presente para aplicar al acceso de beneficios de servicios selectivos, sociales, de salud, empleo, transporte, educación y otros normados, que ofrezcan las instancias del sector público en todo el país a las personas con discapacidad en particular, conforme el requerimiento de cada institución pública de constatar la condición de discapacidad de la persona beneficiaria.
El proceso de certificación comprende cuatro fases: primera: recepción de solicitud y documentos; segunda: revisión de documentos y en caso de proceder se asigna el expediente al equipo interdisciplinario; tercero: valoración y realización de la entrevista y cuarto: corresponde al acto administrativo mediante el cual se notifica la aprobación (entrega del documento) o denegación de la solicitud. La lista de solicitudes pendientes a la fecha llega a 6.821.
La dilación en el trámite es tal que contraviene el deber de la administración pública de garantizar el respeto a la legalidad y a los derechos de las y los habitantes; en este caso, a los derechos de petición y respuesta, así como a la justicia administrativa pronta y cumplida, que implican la obligación de resolver las solicitudes presentadas en los plazos estipulados en la ley, y cuando no pudiere ser así, los impedimentos acaecidos no eximen del deber de exponer todas las justificaciones válidas y razonables de la dilación.
Ante este panorama, la Defensoría recomendó:
- En forma inmediata elaborar un Plan de Reducción de Tiempos de Espera en el proceso de certificación del SECDIS, de acuerdo al “Estudio del Proceso de Certificación de Discapacidad”, elaborado por el Despacho de la Segunda Vicepresidencia de la República. Dicho plan debe identificar para cada acción, el plazo de ejecución y la persona funcionaria responsable de su implementación.
- Gestionar lo necesario ante el Servicio Civil, para que el estudio que se está realizando para el otorgamiento de tres nuevas plazas al SECDIS, se constituya en una realidad.
- Señalar si se ha realizado un estudio de impacto de las mejoras implementadas durante el 2022, a propósito de las asesorías profesionales recibidas por Profesionales de Certificación de España.
Fuente: Defensoría de los Habitantes
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