El exsuperintendente de Pensiones Javier Cascante, dio un rotundo no a la aprobación del expediente 23.082 por medio del cual se impulsa devolver un 30 por ciento de los recursos del Régimen de Operadoras de Pensiones ROP, para reducir el endeudamiento de los costarricenses.
Cascante dio sus declaraciones en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales donde aseguró a los diputados que si este expediente se aprueba “estamos hipotecando la edad de retiro de las personas”.
El exfuncionario de la SUPEN fue más allá en sus declaraciones y aseguró que se deberían conocer y analizar los resultados que se dan en otros países que cometieron ese grave error como Chile y Perú “donde la gente se quedó sin dinero y sin pensión”.
“El problema no resuelve nada” sostuvo el experto, quien agregó que “nada garantiza que después de darle el dinero la persona no se vuelva a endeudar”
Audio ex superintendente Javier Cascante
Otro aspecto que el visitante criticó es el hecho que para el pago de los recursos a quienes retiren los fondos, se echaría mano al encaje mínimo legal de los bancos, lo que es una de las peores alternativas ya que genera inflación “y este es uno de los impuestos más injustos.”
AVANCE EN LA AGENDA
El expediente 23.063 que modifica varios artículos de la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS y de la Ley de Protección al Trabajador para Garantizar la Cobertura del Seguro de Riesgos del Trabajo a los Trabajadores Independientes en Extrema Pobreza, se aprobó una moción para consultarlo al INS, OIT, MTSS, Defensoría de los Habitantes y Procuraduría General de la República.
Al expediente 23.141 Ley para Garantizar el Cumplimiento de los Derechos Laborales en los Procesos de Desalojo de Predios Rurales, se aprobó una moción para consultarlo a la Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General de la República, MTSS, INDER, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas, Sindicato de Trabajadores de Palma, todos los sindicatos del país.
Al expediente 23.140 Modificación al Código de Trabajo para Reconocer el Pago del Día de Descanso para la Clase Trabajadora, se aprobó una moción para consultarlo al Sindicato de Trabajadores Agrícolas y el Sindicato de Trabajadores de la Palma.
El expediente 23.142 Ley para Facilitar las Gestiones Administrativas de las Personas Trabajadoras ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Modificaciones al Código de Trabajo se aprobó una moción para consultarlo a la CCSS, los ministerios de Hacienda y Trabajo, la Contraloría y Procuraduría Generales de la República y todos los sindicatos del país.
Al expediente 23.202 que reforma el párrafo final del artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador se aprobó una moción para recibir en audiencia a representantes de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones; a la CCSS; a representantes del Sistema de Estudios de Posgrado de la Escuela de Economía de la UCR, a Danilo Montero director general de la Oficina del Consumidor Financiero; a Ronulfo Jiménez miembro de la Academia de Centroamérica, a Javier Cascante exsuperintendente de Pensiones y a Rocío Aguilar actual Superintendente de Pensiones.
Este mismo expediente se aprobó consultarlo a la CCSS, BAC Pensiones, BNVital; Popular Pensiones, BCR Pensiones, Vida Plena, Operadora de Pensiones de la CCSS, JUPEMA y Poder Judicial.
Todos los convocados a audiencia para referirse al expediente 23.202 también deberán referirse al proyecto 23.353 Suspensión del Cobro de la Tasa de Administración del Fondo de Pensión Obligatoria Complementaria a los Trabajadores cuando la Rentabilidad sea Negativa.
El expediente 23.367 Ley para el Fortalecimiento de los Ingresos de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mediante la Derogatoria del Inciso A del Artículo 71 de la Ley de Protección Al Trabajador se aprobó consultarlo a la CCSS, los ministerios de Hacienda y Trabajo además de la Procuraduría y la Contraloría Generales de la República.
Por último, el proyecto 23.389 que contiene Modificaciones al Código de Trabajo para Conciliar los Deberes Familiares con los Laborales, se aprobó una moción para consultarlo a todas las municipalidades del país, todas las instituciones autónomas, todas las organizaciones de personas con discapacidad, todos los sindicatos, a la CCSS, UCCAEP y la Procuraduría General de la República.
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