La Sala Constitucional ha ordenado al Ministerio de Seguridad Pública emitir una respuesta oficial respecto a una consulta sobre la cantidad de armas de fuego inscritas en el país entre enero del año 2000 y junio del 2023. Esta decisión surge tras la presentación de un recurso de amparo, registrado bajo el número 24-023004-0007-CO, luego de que la solicitud original realizada en junio del 2023 no recibiera respuesta por parte de las autoridades correspondientes.
Mediante la resolución 2024027319, notificada al Ministerio el 24 de septiembre del 2024, se instruyó a la directora de la Dirección de Armamento, María Eugenia Mata Chavarría, o a quien ocupe su cargo, a entregar la información en un plazo máximo de diez días. Según el Ministerio, la orden fue acatada de inmediato y el 25 de septiembre del 2024 se remitió la información requerida vía correo electrónico.
No obstante, el documento emitido por el Ministerio de Seguridad revela una problemática mayor: actualmente la institución no cuenta con las herramientas técnicas necesarias para realizar exámenes balísticos previos a la venta o comercialización de armas de fuego. Esta carencia representa un posible incumplimiento del artículo 34 de la Ley de Armas y Explosivos, que establece la obligatoriedad de realizar dichos exámenes antes de la inscripción de cualquier arma.
La ausencia de estos registros no solo contraviene la normativa vigente, sino que también podría dificultar la investigación y resolución de crímenes cometidos con armas de fuego. La falta de un registro balístico impediría a las autoridades judiciales contar con evidencia crucial en casos de violencia armada, en un contexto donde el sicariato ha cobrado recientemente la vida de un sub-jefe del OIJ en Guápiles y de dos jóvenes en Barrio Cuba.
El informe también plantea interrogantes sobre el estado del registro de armas en manos de oficiales de seguridad, policías administrativos y judiciales, así como en armerías y empresas de seguridad privada. La posible falta de controles adecuados abre la puerta a irregularidades, incluyendo la venta ilícita de armamento y el uso indebido de armas reglamentarias por parte de funcionarios corruptos.
La situación expone un vacío en la regulación y control de armas de fuego en el país, lo que podría derivar en casos de impunidad debido a la imposibilidad de comparar registros balísticos con evidencia recolectada en escenas del crimen.
Imagen con fines ilustrativos.
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