Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, las grandes farmacéuticas han sido objeto de múltiples litigios y denuncias a nivel mundial. En 2024 y lo que va de 2025, se han presentado casos que involucran disputas por patentes, demandas por efectos adversos de las vacunas y acusaciones de corrupción en la gestión de los contratos de adquisición. A continuación, se detallan los casos más relevantes en distintas partes del mundo.
Litigios por patentes y propiedad intelectual
Uno de los principales frentes legales ha sido la disputa por las patentes de las vacunas basadas en ARN mensajero (ARNm). En mayo de 2024, la farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK) demandó a Pfizer y BioNTech, acusándolas de infringir cinco patentes clave en la tecnología utilizada en su vacuna Comirnaty. Esta acción legal se enmarca dentro de una serie de litigios en los que también han participado compañías como CureVac, Moderna y Alnylam Pharmaceuticals, todas disputándose la propiedad de las innovaciones científicas desarrolladas durante la pandemia.
Estos litigios han puesto en duda los acuerdos de licencias cruzadas entre farmacéuticas y han afectado los derechos de comercialización de las vacunas en diversas jurisdicciones. Algunos analistas advierten que estas disputas podrían ralentizar futuros desarrollos en biotecnología, ya que las compañías buscan asegurarse exclusividad sobre tecnologías clave en la producción de vacunas.
Demandas por efectos adversos de las vacunas
El uso masivo de vacunas contra la COVID-19 ha generado controversias sobre su seguridad. En distintos países, personas que aseguran haber sufrido efectos adversos han iniciado demandas contra farmacéuticas y gobiernos, argumentando una falta de información sobre posibles riesgos.
Uno de los casos más significativos ocurrió en Argentina, donde el 15 de mayo de 2024, una mujer en Córdoba presentó la primera demanda pública contra AstraZeneca y el Estado argentino. La demandante reclama una indemnización de más de 90 millones de pesos, alegando que sufrió secuelas graves tras recibir la vacuna producida por la farmacéutica británica.
En España, un ciudadano presentó una reclamación ante la Audiencia Nacional en marzo de 2024, exigiendo una compensación de 91.991 euros tras experimentar efectos adversos con la misma vacuna. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por las autoridades.
Además, en diciembre de 2024, un grupo de médicos, encabezado por el Dr. Joseph Fraiman, solicitó públicamente la suspensión de las vacunas de ARNm. Argumentaron que se requiere una evaluación más profunda sobre su seguridad y eficacia, ya que sospechan que podrían estar vinculadas a un aumento en discapacidades y fallecimientos. No obstante, estas afirmaciones han sido refutadas por diversas agencias regulatorias y organizaciones sanitarias internacionales, que sostienen que los beneficios superan ampliamente los riesgos.
La retirada de Vaxzevria en Europa
Uno de los acontecimientos más relevantes en relación con las vacunas contra la COVID-19 fue la retirada de Vaxzevria, la vacuna de AstraZeneca. El 7 de mayo de 2024, la Comisión Europea aprobó la revocación de su autorización de comercialización en el Espacio Económico Europeo. La propia farmacéutica solicitó la retirada voluntaria de la vacuna, argumentando que la demanda había caído significativamente y que la competencia con otras vacunas la hacía inviable comercialmente.
Esta decisión llegó tras años de polémicas relacionadas con los efectos adversos reportados, como casos raros de trombosis con trombocitopenia. Aunque las autoridades sanitarias han defendido su uso asegurando que los efectos adversos son extremadamente raros, la percepción pública sobre la seguridad de Vaxzevria se ha visto afectada desde el inicio de la campaña de vacunación.
Casos de corrupción en la gestión de la pandemia
Las farmacéuticas también han estado involucradas en denuncias por presuntos casos de corrupción relacionados con la compra y distribución de vacunas y medicamentos contra la COVID-19.
- México (mayo de 2023): La Fiscalía General de Baja California inició ocho investigaciones por la compra con sobreprecios de medicamentos y equipos médicos durante la pandemia. Se estima que las adquisiciones irregulares alcanzaron un valor de 100 millones de pesos.
- Sudáfrica (2021): Las autoridades descubrieron presuntas irregularidades en contratos gubernamentales relacionados con la lucha contra la COVID-19, por un valor de 820 millones de euros. Como resultado, 63 funcionarios fueron remitidos a la Fiscalía Nacional y 87 empresas fueron incluidas en una lista negra, prohibiéndoseles futuras adjudicaciones de contratos públicos.
- España (Cataluña, diciembre de 2021): La Oficina Antifraude de Cataluña investigó 22 casos de posibles irregularidades en la gestión de la pandemia, incluyendo compras de material sanitario a precios inflados y vacunaciones irregulares de altos funcionarios.
Transparencia en los contratos de adquisición de vacunas
Otro frente legal abierto en relación con la COVID-19 es la opacidad en los contratos firmados entre gobiernos y farmacéuticas. En febrero de 2025, el Tribunal Supremo de España admitió a trámite un recurso de casación para determinar el grado de transparencia en los acuerdos internacionales de adquisición de vacunas. Esta acción responde a la negativa del Gobierno español de divulgar detalles clave de los contratos, como precios, cláusulas de indemnización y términos de confidencialidad con las farmacéuticas.
Los organismos de control y diversas organizaciones de la sociedad civil han presionado para que se publiquen estos contratos, argumentando que la ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones bajo las cuales se adquirieron las vacunas. Sin embargo, los laboratorios han defendido la confidencialidad de estos acuerdos, alegando que revelarlos podría afectar la competitividad en futuras negociaciones.
El caso de Estados Unidos: un nombramiento polémico
En enero de 2025, la política de salud pública en Estados Unidos dio un giro inesperado con el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud por el presidente Donald Trump. Kennedy es ampliamente conocido por su escepticismo hacia las vacunas y su postura crítica contra las grandes farmacéuticas.
Su designación ha generado un fuerte debate dentro del sector médico y científico, ya que algunos expertos temen que sus opiniones puedan influir en la toma de decisiones sobre políticas de vacunación. Organismos de salud pública han expresado su preocupación por el impacto que este nombramiento podría tener en futuras estrategias de inmunización y control de enfermedades.
Conclusión
Los litigios y denuncias en torno a la gestión de la pandemia de COVID-19 reflejan las tensiones entre innovación científica, seguridad sanitaria y transparencia gubernamental. Mientras las farmacéuticas continúan defendiendo la efectividad de sus vacunas y medicamentos, los tribunales siguen procesando demandas por efectos adversos, disputas de patentes y presuntos casos de corrupción.
Estos procesos legales podrían tener implicaciones significativas en la regulación del sector farmacéutico y en la confianza pública hacia las vacunas y tratamientos futuros. En este contexto, la vigilancia y el acceso a la información serán fundamentales para garantizar que las decisiones en salud pública se basen en criterios científicos y no en intereses comerciales o políticos.