Hechos se presentaron en Goicoechea, Moravia, Tibás, Montes de Oca y San José, entre el 22 y el 24 de enero del 2024.
Víctimas pueden acercarse al despacho judicial o llamar al 2247-9125.
El fuerte olor a hidrocarburos que percibieron vecinos de cinco cantones del Área Metropolitana cuando abrieron la grifería de sus hogares desencadenó en una causa penal que hoy busca identificar a víctimas que hayan sufrido posibles afectaciones en su salud, por el consumo de ese líquido contaminado.
Según la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, entre los síntomas que pudieron haber tenido esas personas están problemas gastrointestinales (diarrea, vómitos, dolor abdominal, ardor estomacal), erupciones cutáneas o irritaciones en la piel, fatiga, mareos, náuseas u otros malestares inusuales.
Por esta razón, el despacho del Ministerio Público hace un llamado a la población de Goicoechea, Moravia, Tibás, Montes de Oca y San José para que se presente a denunciar, en el caso de que haya tomado o utilizado agua de la planta potabilizadora Guadalupe, contaminada con la sustancia xileno entre el 22 y 24 de enero del año pasado.
¿Qué significa esto? Que las personas afectadas deben acercarse a las oficinas de esa fiscalía, ubicadas en el sexto piso de los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, y contar lo que les ocurrió, o bien, si desean solicitar orientación en el tema, pueden llamar al 2247-9125.
Avance de diligencias de investigación. La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental tramita desde el año pasado el expediente 24-003241-0042-PE, en contra de tres funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): Ramírez Sánchez,director de Plantas de la gran área metropolitana, Quesada Cubillo, jefe de la planta potabilizadora de Guadalupe, y Díaz Quesada, encargado de esa planta.
El 3 de setiembre del 2024, se hicieron allanamientos, se detuvo a los imputados y se solicitaron medidas cautelares que fueron acogidas por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, como la reubicación de los sospechosos en diferentes puestos, para que no tengan injerencia en la planta potabilizadora de Guadalupe del A.Y.A. Además, no acercarse, molestar, perturbar, amenazar de manera personal o por medio de terceras personas o medios tecnológicos a los testigos y ofendidos de este proceso.
Pese a los esfuerzos de la fiscalía para atraer a víctimas al proceso, hasta este momento no se cuenta con afectados incorporados en el expediente.
