En menos de tres meses, las causas abiertas en la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil por hechos de violencia en centros educativos alcanzaron la cifra de 213 casos; 95 de estos se presentaron solo en la semana del 17 al 24 de marzo.
Según la fiscala coordinadora de ese despacho, Elizabeth Esquivel Sánchez, esa estadística evidencia un fenómeno de “normalización de la violencia” en la población menor de edad, por lo cual ya se despliegan acciones.
Durante el programa del Ministerio Público, FrecuenciaMP, la funcionaria dijo que la estrategia incluyó una reunión con jefaturas de las delegaciones de la Fuerza Pública, coordinaciones con personal fiscal especializado en materia penal juvenil y acercamientos con instituciones claves, como el Ministerio de Educación Pública y el Patronato Nacional de la Infancia.
En términos generales, explicó la fiscala, se ha logrado “definir estrategias, formas de abordaje, así como identificar centros educativos donde se está dando mayor violencia”.
“Con el personal fiscal, se estableció un plan de trabajo, que incluye la identificación de los casos de violencia, priorizar los centros educativos con mayor incidencia, para que los podamos abordar con mayor prontitud, e identificar los centros donde no se están presentando las denuncias ante el conocimiento de un hecho de violencia”, apuntó.
Ruta a seguir. Esquivel detalló que los hechos dados a conocer por medios de comunicación en los últimos días configurarían un desde contravenciones hasta delitos; entre las primeras se pueden citar lesiones levísimas, amenazas personales y provocaciones a riña; al tiempo que entre los delitos estarían, por ejemplo, amenazas agravadas, agresiones con arma y portaciones de arma.
“Cuando inicia la investigación, se aborda bajo un principio de legalidad, buscando cuáles son los elementos de prueba que se tiene en ese momento para determinar si esa conducta encaja o no dentro de uno de los tipos penales”, afirmó.
“Esto se realiza tomando en cuenta las edades de las personas, incluso la aplicación de procedimientos que cumplan con los fines de la Justicia Penal Juvenil: mínima intervención, interés superior de la persona menor de edad, pero también buscando la paz social”, agregó.
La fiscala coordinadora reveló que el trabajo de la Fiscalía también se enfoca en dar charlas preventivas en centros educativos, las cuales abordan el deber de denuncia de las personas funcionarias y, por otra parte, buscan que las personas menores de edad comprendan la gravedad de estos actos y las consecuencias que pueden tener al verse enfrentados a un proceso penal.
“La importancia de la denuncia radica en que, si se hace de forma pronta, va a evitar que se den mayores índices de violencia, porque, si no se le pone un límite en el momento en que se dan los hechos, esto puede generar que la violencia vaya en aumento y después sean hechos mucho más graves”, aseguró.
Quienes deseen interponer una denuncia o solicitar una de estas charlas en su centro educativo pueden comunicarse al correo fa_pjuvenil@poder-judicial.go.cr o el teléfono 2295-3959.
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