El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde anunció ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, que el gobierno creará un fondo por alrededor de cien millones de colones para atender las problemáticas de propiedad en los territorios indígenas.
Las declaraciones se produjeron con motivo del Expediente 23.303. Investigación sobre la realidad actual que afronta la población de los pueblos indígenas por partes de las instituciones públicas, que brindan o deben brindarles servicios, el cual tendrá como objetivo la presentación de un Informe ante el Plenario de la Asamblea en el marco del ejercicio del marco constitucional del control político.
El Ministro resaltó que en enero se estima que se presentarán a las comunidades indígenas las propuestas para atender las mediciones y las demás problemáticas de los territorios indígenas.
Sergio Sevilla Pérez, Viceministro de Paz y coordinador de Mesa Técnica Interinstitucional de atención de la población indígena 2022-2023 explicó que como no hay sucesión de las propiedades, deben estimarse con los recuperadores de los propietarios a partir del voto que al respecto emitió la Sala Constitucional.
Informó que se ha reunido con los habitantes de los 24 territorios indígenas definidos en el país para dejar claro que la ruta a seguir consiste en resolver los conflictos por la tierra, los derechos humanos de las mujeres, niños y adolescentes, la protección del ambiente y que se cuenta con 150 mil dólares para empezar a trabajar con ellos.
La diputada Sonia Rojas Méndez reclamó que se le brinde información alrededor de las políticas para los pueblos indígenas que se han adoptado a partir de esta administración.
Se acordó llamar al Ministerio de Seguridad y brinde explicaciones sobre las acciones realizadas por esa entidad para resolver los conflictos en los territorios indígenas.
La Comisión acordó convocar al Ministro de Trabajo, Luis Paulino Mora Lizano, al viceministro Walter Villalobos Fernández y al Director de pensiones, así como al representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que se refieran a los temas de las agresiones a las empleadas de la empresa SYR y al Convenio 190 de la OIT sobre acosos laborales, pendientes de ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
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