Fiel a su compromiso con el sector agropecuario, el Gobierno de la República convocó este jueves el expediente legislativo, 22.709, “Amnistía para el Ordenamiento de Pozos no Inscritos y Otorgamiento de Concesiones para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico en Actividades de Producción Agropecuaria”.
La iniciativa establece una amnistía general para inscribir todos los pozos que, a la fecha, se encuentren en condición irregular ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El objetivo es que se les pueda otorgar una concesión para usar el recurso hídrico en actividades agropecuarias. El plan también busca que se suspenda cualquier gestión administrativa de cierre definitivo de un pozo.
Para la Ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Laura Bonilla Coto, la convocatoria reafirma la coordinación interinstitucional, a la que se ha comprometido la Administración Chaves Robles.
“Con la convocatoria de este proyecto de Ley se busca defender el patrimonio de los agricultores para que puedan regularizar los pozos perforados antes de la legislación actual, y puedan obtener las concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico dentro de sus terrenos. Se pretende evitar la desaparición de fincas de pequeños y medianos productores, para asegurar el abastecimiento de los alimentos y sostener la actividad agropecuaria en las zonas rurales”, señaló la Ministra Bonilla.
En esa línea, para el diputado oficialista, Daniel Vargas Quirós, la iniciativa busca defender a los miles de agricultores, principalmente de la provincia de Guanacaste.
“Nos complace la convocatoria de este proyecto de ley porque responde a una necesidad del sector agropecuario específicamente de la Península de Nicoya y de otras zonas del país, y protege a un sector que hoy en día está exportando a Europa y está dando empleo a aproximadamente 5 mil personas que dependen de esta ley para poderse poner en regla”, indicó el Diputado Vargas.
Además de este proyecto de ley, se convocó el expediente legislativo, 22.901, “Ley de Acceso a la Justicia para las Personas Consumidoras”, con el objetivo de que el consumidor pueda reclamar en la vía civil, si el comercio sancionado por la Comisión Nacional de Consumidor continua incumpliendo.
La propuesta también modifica el procedimiento para agilizar la interposición de denuncias, faculta la realización de audiencias orales y virtuales; y actualiza el plazo de prescripción para presentar reclamos.
Además, pretende otorgar a la Comisión la potestad de declarar la nulidad de cláusulas abusivas en contratos de adhesión y de otorgar daños y perjuicios, si procediere.
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