El Gobierno mexicano ha reaccionado con firmeza contra la reciente resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que califica las desapariciones forzadas en el país como “sistemáticas y generalizadas”. El informe, emitido el pasado 4 de abril, advierte sobre una crisis estructural tras una década de recomendaciones desatendidas por parte del Estado mexicano.
La resolución de la ONU se fundamenta en datos críticos: más de 127.000 personas desaparecidas, unas 5.600 fosas clandestinas y cerca de 72.000 cuerpos sin identificar, lo que evidencia una grave crisis humanitaria y forense en el país.
Ante estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum negó tajantemente que existan desapariciones forzadas desde el aparato estatal, atribuyendo los hechos al accionar del crimen organizado. “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”, afirmó, posicionándose en contra del dictamen del organismo internacional.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también cuestionó el informe de la ONU, al calificarlo como una visión “descontextualizada” de la situación nacional. Si bien negó la existencia de una política estatal detrás de las desapariciones, sí reconoció el desafío que representa la elevada cifra de personas desaparecidas en el país.
El caso Ayotzinapa, donde se ha documentado la participación de autoridades en la desaparición de 43 estudiantes, continúa siendo un referente en el debate sobre la responsabilidad del Estado en este tipo de delitos.
La confrontación entre el Gobierno mexicano y el sistema internacional de derechos humanos marca un nuevo episodio de tensión en torno al tratamiento de la crisis de desaparecidos, una de las problemáticas más graves que enfrenta el país.
