Ante el claro deterioro de infraestructura pública vital por diferentes factores tales como el escaso o nulo mantenimiento, el vencimiento de su vida útil o el impacto de las emergencias, el gobierno definió una ruta para la atención expedita de infraestructuras públicas deterioradas, que ponen en riesgo la vida de las personas.
El pasado 19 de octubre, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles anunció que se trabajaría en un plan para levantar, en primera instancia, una lista de la infraestructura en condición de riesgo inminente y definir la ruta más expedita para su recuperación.
Luego del Consejo de Gobierno, el presidente Chaves Robles anunció que, al amparo de una figura legal de la Ley de Emergencias, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) emitió una resolución de riesgo inminente donde las instituciones realizaron el inventario y determinaron que un total de 2.494 obras de infraestructura pública están en condición grave o inaceptable porque existen posibilidades reales de afectación de la vida, la salud, la actividad social y económica de las personas.
Se trata de 150 carreteras, 82 puentes, 38 centros educativos, 72 vías ferroviarias y 2.152 viviendas en condición de riesgo, que exige una ruta de trabajo para su recuperación inmediata por parte de del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) e Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).
El mandatario destacó en conferencia de prensa que “día a día las personas que transitan por las carreteras, los niños en las escuelas y quienes habitan en zonas de riesgo, se exponen a que el clima y el deterioro de nuestra infraestructura atenten contra su bienestar y contra sus vidas.
Alejandro Picado, presidente de la CNE, explicó que, a través de su Junta Directiva, se emitió la resolución de Riesgo Inminente amparado en el Art. 14 inciso c de la Ley de Emergencias 8488, con el fin de que las instituciones públicas adopten las medidas necesarias que permitan garantizar una ejecución efectiva de los proyectos necesarios para atender de forma inmediata la reparación o recuperación de cada una de las obras de infraestructura delimitadas.
Picado señaló que, aunado a factores como el poco mantenimiento de las obras o el vencimiento de la vida útil, se suma el aumento de su exposición a eventos extremos por emergencias. Evidencia de ello, es el registro a la fecha de más de 5800 reportes por inundaciones en lo que va del año.
Además, puntualizó que, como parte de los daños acumulados por emergencias, entre los años 2005 y 2022 en el país se han presentado veinticinco eventos de emergencia asociados a fenómenos hidrometeorológicos o de la variabilidad climática que han sido declarados emergencia nacional, en los cuales, las pérdidas directas1 suman un monto superior a dos billones de colones (3,322 mil dólares).
Ejecución de las obras urgentes
Con satisfacción Chaves Robles anunció que, para entrarle a esa infraestructura dañada, se estará tramitando un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de hasta 446 mil millones de colones ($700 millones), con el fin de invertirlos en infraestructura vial, educativa, de vivienda y ferroviaria.
Para ello, el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para la aprobación urgente de este crédito con el objetivo de aprovechar las condiciones del verano, que son las mejores para los trabajos de infraestructura.
Así lo enfatizó el Presidente de la República al señalar que “no podemos permitir que el próximo año nos ponga en las mismas condiciones durante la época lluviosa y nos cause más daños a la infraestructura y la vida humana”. Por eso, Chaves Robles ordenó a las instituciones competentes priorizar las acciones que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la resolución.
1 Las pérdidas directas se estiman por el costo de reposición de la bien o activo dañado, considerando el valor de mercado presente, la prevención de riesgos, los costos sociales que incluye las expectativas futuras de uso o beneficios que debe generar la inversión.
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