El “Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense” es una fecha para resaltar los valores afrocostarricenses presentes en la cultura nacional. Por ello, durante todo el mes de agosto, en la región caribeña se organiza un festival de actividades culturales, en el cual predomina el color, la alegría, la música, el baile, el sabor de las comidas y bebidas afrocaribeñas.
El festival culmina el 31 de agosto con la celebración del Grand Parade por las calles de Limón hacia el edificio «Black Star Line», al que acuden las autoridades gubernamentales a bailar, comer y vestirse con los coloridos trajes de las personas afrodescendientes.
Pero las autoridades gubernamentales no solo deben de ir a celebrar, deben probarle con hechos reales a las personas afrodescendientes de Limón y de otras partes del territorio nacional, las medidas concretas que han ejecutado para garantizarles una verdadera igualdad de oportunidades en el empleo, la educación, la vivienda y la salud; pues solo así se puede hablar de una mejoría en el bienestar de las y los habitantes afrodescendientes.
Precisamente, en junio de este año, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a los Estados para que, mediante diálogos nacionales y con la participación efectiva de las y los afrodescendientes, elaboren una agenda transformadora denominada “El camino a seguir”y la traduzcan en planes de acción y medidas concretas en favor de la justicia y la igualdad raciales (A/HRC/47/53: 01/06/2021).
En esa ocasión, la Alta Comisionada, retomando los esfuerzos emprendidos por Naciones Unidas desde el 2014, fue la que le recomendó al Consejo de Derechos Humanos que se estableciera un Foro Permanente de Afrodescendientes, cuya importancia internacional es innegable, pero que no significa una mejoría directa ni inmediata para la población afrocostarricense, porque esa obligación le toca concretarla al Gobierno de la República.
Las deudas del Estado costarricense con la población afrodescendiente son las que deben de constituirse en los puntos de esa agenda transformadora. Por ejemplo, desde 1970, el Estado ha incumplido reiteradamente la recomendación del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial en cuanto a sancionar penalmente ese tipo de discriminación, de manera que sea proporcional a la gravedad de la conducta.
A la fecha, no se han aprobado acciones afirmativas concretas en favor de la población afrocostarricense para superar la pobreza y la desigualdad social. La Defensoría impulsó la aprobación de una ley contra todas las formas de discriminación, pero no hubo consenso legislativo y tampoco lo ha habido para aprobar acciones dirigidas a poblaciones específicas.
Entre las acciones afirmativas urgentes, está la de garantizar fuentes de empleo digno y estable (técnico y profesional) para la juventud afrodescendiente. Ello no se ha logrado y como medida paliativa, se siguen desarrollando programas de formación para el empleo, sin que nunca lleguen los empleos profesionales. El proceso de elaboración de la Política Nacional para la Población Afrodescendiente, a cargo del Comisionado de Asuntos Afrodescendientes en conjunto con la Primera Vicepresidenta de la República, se mantiene en trámite desde el inicio de esta administración, sin perspectivas de conclusión.
No se visualizan los impactos reales de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia en la sociedad costarricense. El Estado costarricense no ha reconocido el derecho de consulta a la comunidad afrodescendiente de Cocles, en el Caribe Sur, ni el derecho a las tierras que han ocupado tradicionalmente durante cientos de años, conforme a los parámetros del Convenio 169.
De estas y otras deudas más deben rendir cuentas las autoridades gubernamentales este 31 de agosto, para que tengan derecho a celebrarlo con la población afrocaribeña.
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