Ante la peor crisis educativa en los últimos 40 años y la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las organizaciones firmantes y presentes nos unimos para convocar a una gran marcha en defensa de la educación pública, como pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, a realizarse el martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo de la Iglesia de la Merced con rumbo a la Plaza de la Democracia.
El objetivo es realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública que nos permita salir de la actual crisis educativa, así como una misiva ante el poder ejecutivo y legislativo sobre la no aceptación de recortes presupuestarios para la sostenibilidad de la educación pública, por el contrario, la búsqueda del fortalecimiento de la misma. Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores del país unamos esfuerzos para visibilizar la grave situación que atraviesa el país. La actual crisis educativa es histórica y multicausal, pero sus detonantes inmediatos pueden rastrearse en diversos eventos y omisiones a lo largo de al menos los últimos 13 años, pero siempre desde rezagos estructurales.
En síntesis; la crisis educativa se puede dividir en los siguientes ejes de afectación: crisis educativa y pedagógica, la crisis presupuestaria y de prioridad en política educativa, todas entrelazadas generando mayores retos que comprometen el futuro de las familias en este país y sus propias comunidades.
Nos encontramos ante escenarios país y educativos realmente alarmantes, encontramos serias limitaciones en el acceso a transporte, alimentación y una infraestructura adecuada en el sistema educativo público, lo anterior solo la punta del iceberg de la crisis, pues imposibilitar a familias completas en el acceso a la movilidad social mediante la alfabetización primaria, secundaria y técnica, así como educación superior. Hoy se enfrentan negociones presupuestarias que no garantizan crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo, así como la violación constitucional del 8% del PIB para educación pública que debe garantizarse su distribución ética en TODOS LOS NIVELES. Por tanto, no será de recibo que justifiquen los recortes, para trasladar a otros programas educativos, cuando todos deberían estar garantizados con el presupuesto que le corresponde por constitución.
No es casualidad, que veamos con preocupación las afectaciones directas que empiezan a sufrir los pilares de lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, desde las afectaciones al sistema de salud como la CCSS y su autonomía, el rechazo hacia una política de estado por la seguridad y soberanía alimentaria, la amenaza de las garantías laborales y derechos humanos mediante el proyecto de ley ‘’4×3 Jornadas flexibles’’, amenazas al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el terrible recorte de un 8% del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud, frente a la paradoja de un sistema de seguridad debilitado sin enfoque multisectorial y comunitario, con recursos limitados y con afectaciones graves en las garantías laborales del personal de seguridad en todo el país.
No obstante, desde la aplicación de la regla fiscal, han dejado secuestradas las funciones fundamentales de las instituciones públicas en el país, limitando su presupuesto y agravando a sectores que son motores de la economía en el país, o afectaciones a personas en riesgo social. Hasta ahora, la receta del gobierno en este contexto país, ha sido el recorte presupuestario, la violación a la libertad de prensa e irrespeto a la institucionalidad, la Constitución Política y los Poderes Democráticos de la República en el país, generando un efecto adverso en las garantizas sociales y laborales de las personas trabajadoras y habitantes del país, como parte de una estrategia clara en el debilitamiento del Estado Social de Derecho
Por todo lo anterior, es urgente la generación de soluciones ante los múltiples retos de la educación pública, si buscamos sostener los pilares de la democracia y el Estado Social de Derecho, entre los que destacan: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, fortalecimiento de la educación técnica, participación comunitaria y multisectorial, articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.
Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, como establece la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un país mejor y no deje a nadie atrás.
Buscamos fortalecer el Estado Social de Derecho mediante la defensa del 8% que por Constitución le corresponde a educación en Costa Rica, para ello, invitamos a todas las organizaciones sociales, productivas, estudiantiles, sindicales, multisectoriales, comunales, académicas, familias y sus comunidades, a sumarse a esta gran marcha por la educación pública.
¡SALGAMOS A LAS CALLES A DEFENDER LO NUESTRO!
¡YO CONFÍO Y DEFIENDO LA EDUCACIÒN PÚBLICA!
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