La peor crisis educativa en los últimos 40 años debe abordarse con prontitud. Urgen soluciones ante los múltiples retos de la educación pública: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, mejoramiento de la educación técnica, participación comunitaria y articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.
Hoy, el Ministerio de Educación Pública carece de verdaderos liderazgos. Por eso, este martes 20 de junio miles de personas de todo el país unieron esfuerzos para hacer un llamado vehemente en contra de una nueva “generación perdida” -como ya sucedió en la década de 1980-, un ejercicio democrático y propositivo para la construcción de un Pacto Nacional por la Educación Pública que propicie salir de esta emergencia nacional.
Reunidos en la Plaza de la Democracia, este Pacto Nacional por la Educación Pública se planteó públicamente al Gobierno y la Asamblea Legislativa. Entre las urgencias y demandas prioritarias que requiere el sector educativo costarricense, se puntualizan:
- Declarar una emergencia nacional educativa.
- Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB.
- Liberar a la educación pública de la regla fiscal.
- Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes.
- Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías robustas que se adapten a nuestras realidades educativas.
- Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas.
- Avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria.
- Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa.
- Crear la red nacional de conectividad educativa.
- Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas.
- Aprovechar el bono demográfico para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa.
- Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.
- Dictar las reformas legales necesarias para que se corrijan los errores legislativos que generan “salarios pagados de más” y que impiden sustituir las plazas docentes, pagar recargos de funciones y ampliaciones de jornada.
- Generar un acuerdo de negociación que fije metas hasta el 2026 para cumplir con el 1.5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
- Revisar la Ley 9931 con el fin de garantizar una educación técnica de calidad.
Costa Rica debe garantizar para sus habitantes una educación inclusiva, crítica, creativa e innovadora, que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, -como establece la Constitución Política-, que nos permita sentar las bases de un país donde nadie se quede atrás.
En la Gran Marcha por la Educación Pública se realizó un llamado para que más organizaciones, familias y personas se sumen en la construcción de este Pacto Nacional por la Educación Pública que, sin duda, fortalecerá la democracia costarricense y el Estado Social de Derecho.
Fuente: ANEP
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