Costa Rica vive su época más violenta, desde la llegada del PAC al poder hasta hoy ya suman más de 5000 homicidios (sí lo está leyendo bien más de 5 mil personas asesinadas), según las estadísticas oficiales del OIJ. Sólo en 2022, el país se estremeció con la dolorosa muerte de varios jóvenes, como Manfred Barberena, Marco Calzada y más recientemente de Keylor Gamboa quien defendió a su novia de ser abusada sexualmente después de un asalto en plena vía pública en Zapote, a pocos metros de la Casa Presidencial, durante los festejos populares de la Municipalidad de San José de fin de año.
La ciudadanía reacciona indignada de perder a estos jóvenes con todo un futuro prometedor, uno días después de su cumpleaños, el otro unos días después de su graduación del colegio y enfrente de su novia herida por el asaltante. Y lo peor es que no son casos esporádicos, también hay que decir que los supuestos responsables materiales figuran menores de edad en uno de estos asesinatos, lo que es una doble tragedia.
En pocas palabras, se refleja la apuesta de nuestra sociedad costarricense: la violencia como un modelo de vida y un esquema de desigualdad económica que premia al narcotráfico y a la delincuencia en detrimento de las personas más pobres y las más vulnerables. Hay que decirlo sin tapujos: a una parte importante de la población le gusta la vida fácil y busca pasarle por encima al que se le ponga al frente, otra parte es simplemente espectadora del baño de sangre víctima del miedo que paraliza, sin saber si será el próximo en la lista de asesinados ¡Gran error de los nuestra sociedad costarricense y cada homicidio es nuestra responsabilidad porque se pueden evitar con educación, oportunidades de empleo, mayor reparto de la riqueza, valores morales y sociales – el amor y respeto a Dios y al prójimo -, el refuerzo de la familia y de la autoridad de los padres y los profesores, por supuesto luchando contra la vagancia y fomentando la convivencia social pacífica, el diálogo, etc!
Estamos claros que una parte de la responsabilidad es de la sociedad, pero ¿y las autoridades? Ante nada decorosos resultados como que Costa Rica es considerado el mayor exportador de cocaína de la región, el infame asunto de la falta de scaners en los puertos nacionales y ni hablar en fronteras (incluso habiendo recibido donaciones de China al respecto), las denuncias de reducción de personal de la Policía de Control de Drogas en la zona sur, Sixaola y en APM Terminals (ver Diario Extra, Desorden con plazas de PCD en fronteras), incluso nos hemos dado cuenta que “después de las 7 p.m. no existe control antidrogas en los muelles, en otros puntos el control es nulo durante las 24 horas” (Jonathan Flores, Horizontes), las armas robadas “sin resguardo” de la Academia Nacional de Policías (ANP) ubicada en Pococí, (Kristin Hidalgo, Armas robadas en academia de policía estaban sin resguardo pese a contar con «caja fuerte»), el monumento a la inseguridad llamado “Crucitas” y una lista que parece que no acaba incluyendo supuestos actos de corrupción (Fernando Muñoz, Fiscalía investiga audio de jefe policial sobre supuesta corrupción en Fuerza Pública) incluso escolar narcos con las patrullas del MSP (Diario Extra, Policías escoltan narcos con patrullas).
Ya CRPRENSA ha tratado el tema de la inseguridad y el problema de distinguir entre los buenos servidores policiacos y las estructuras del crimen organizado en el artículo https://crprensa.com/quienes-son-los-buenos-policias-vestidos-de-civil-delincuentes-vestidos-de-uniforme/ y además hay sendos vídeos del origen de esta crisis cuando políticos costarricenses fueron vinculados a dineros y apoyos para campañas del crimen organizado. La pregunta es por qué los políticos no van a la cárcel…
Miles de costarricenses muertos, otros miles víctimas de la violencia, del crimen y muchos funcionarios del sector de seguridad no muestran el compromiso necesario con el país que les paga sus salarios. La ciudadanía costarricense espera más de quienes llevan muchos años en labores de seguridad, más allá de condecoraciones, uniformes llenos de rayas, medallas, insignias y rangos y sobretodo desfiles de puestos y denominaciones de directores, comisarios, ministros, etc.
Nos han repartido el trillado discurso que no pueden hacer nada, que no hay recursos, pero sólo en 2020 se dio un presupuesto a seguridad pública de 472,2 millones de dólares (Alberto López, Costa Rica asigna 472,2 millones de dólares a Seguridad Pública) rubro que ha mantenido un crecimiento, sin olvidar que faltan incluir las muchas donaciones de gobiernos amigos como Estados Unidos, y los presupuestos del Ministerio de Justicia y Paz – materia carcelaria -, la Policía de Tránsito, las policías municipales y el Poder Judicial, lo que se conoce como seguridad civil que para 2016 se estimó en casi los 950 millones de dólares (Belkis Argueta, ¿Por qué este país gasta mucho en seguridad pero no tiene Ejército?).
Por aparte está la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y otra serie de instituciones que también están involucradas con el tema de seguridad y para el 2010, se estimó que los costarricenses invirtieron más de $190 millones en seguridad privada (lo que es un impuesto doble, mantener la del Estado y como es ineficiente, contratar una privada). Incluso en reciente publicación indica que Costa Rica invierte un 2.6% del PIB, más que Colombia que destina 2.2% o Chile con 2.0% incluso más que México pero los resultados son poco eficientes para las autoridades costarricenses, hecho público, notorio y que en la esfera política se omite su rendición de cuentas (el Observatorio junto con el Centro de Investigación y Presupuestaria CIEP, Gasto Público en Seguridad 2019-2021).
En setiembre pasado, el Gobierno de Costa Rica presentó al Congreso el proyecto de presupuesto para 2023 por 12,2 billones de colones (unos 18.800 millones de dólares) y que el Poder Judicial recibe el 4 % del presupuesto y Seguridad el 2.2%.
De parte de la tropa policial y del funcionariado en general hay un justo reclamo laboral de mejores salarios, pero el país invierte en las jefaturas cuantiosos recursos, por ejemplo en diciembre de 2022 el medio de comunicación Amelia Rueda.com informó que los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia recibieron más de 7 millones de colones de retroactivos cada uno (Alessandro Solís, Por retraso en pago de alza salarial, 17 jerarcas recibieron entre ¢5 y ¢8,5 millones de retroactivo).
Dice Robert Gangi, experto en el sistema penitenciario, que “Construir más prisiones para detener el delito es como construir más cementerios para detener las enfermedades mortales”. Costa Rica se ha enfocado en hacer sitios inhumanos para sacar de circulación a los excluidos del sistema, cumpliendo a la perfección lo que describe el autor Wacquant en “Las Cárceles de la miseria” que es la transición de una gestión social o asistencial de la pobreza hacia una gestión punitiva por medio de la policía y las prisiones pasándose de un modelo de Estado Providencia al Estado Penitencia – como prefiere denominarlo el autor – o a un Estado Policial y Penal. En resumen, la pobreza es delito y las cárceles están hacinadas de un conflicto social de desigualdad, problema que no se ataca de raíz.
En nuestro programa Tras las Rejas de Éxito TV hemos descrito durante todo 2022, el drama que se vive en las cárceles costarricenses desde las diferentes aristas, pero hay que reconocerlo cuando se han invitado a debatir a los funcionarios públicos encargados la respuesta ha sido negativa.
Donde sí hay una relativa eficiencia del funcionariado es para reprimir la protesta social, donde sí hay una fuerte presencia policial, en grupos, haciendo arrestos a los ciudadanos y restringiendo libertades como el comercio o el libre tránsito de manera injustificada como en la época del confinamiento por COVID 19, así como el espionaje de los costarricenses UPAD y las infiltraciones de las manifestaciones para criminalizar la protesta social:
Ahora vamos a la estrategia, los fríos números de los resultados y los riesgos de la posible infiltración del narcotráfico en las más altas esferas de seguridad. En los gobiernos recientes se ha apostado como estrategia el colocar como ministro de seguridad a integrante proveniente del Poder Judicial, del OIJ y más reciente de la DIS. En ese sentido, el gobierno PAC de Luis Guillermo Solís Rivera nombró a Celso Gamboa Sánchez, posterior Fiscal General Adjunto y luego Magistrado de la Sala III del 8 de mayo de 2014 al 15 de febrero de 2015.
Fue substituido por el Sr. Luis Gustavo Mata Vega, de la Subdirección del OIJ del 15 de febrero de 2015 al 8 de mayo de 2018. El Sr. Michael Soto Rojas del 8 de mayo de 2018 al 8 de mayo de 2022, durante todo el gobierno PAC del Sr. Carlos Alvarado Quesada, quien tuvo varias jefaturas en el OIJ en la Sección de Homicidios, Unidad de Secuestros, Sección de Delitos contra la Propiedad, Oficina de Planes y Operaciones (OPO), entre otras. Actualmente ocupa regularmente la subdirección de la Policía Judicial de manera interina.
Don Jorge Luis Torres Carrillo es el actual Ministro de Seguridad Pública, desde la década de los noventa es parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, siendo su Director General en el gobierno PAC del Sr. Carlos Alvarado Quesada. Como actual Viceministro tiene al Sr. Daniel Calderón Rodríguez quien fuera Director de la Fuerza Pública en el gobierno PAC del Sr. Carlos Alvarado Quesada. Es clara la continuidad y el mismo círculo de confianza entre los equipos del OIJ, DIS y el Ministerio de Seguridad Pública y por lo tanto es previsible una comunicación fluida, una misma política de atención de la delincuencia y la obvia colaboración entre cuerpos de seguridad.
En números desde el 8/5/2014 con el primer gobierno PAC hasta el día 29/12/22 en el país hubieron 5036 homicidios, 2135 por ajuste de cuentas, 120 por defensa ante acto delictivo y 164 feminicidios / violencia doméstica – promedio diario 1.60 – y lo más preocupante que la cifra está desbordada en 2022. Veamos el cuadro de desempeño por separado de cada jerarca
Según el medio alemán DW en 2022 se alcanzará el record de la tasa de 12 por cada 100.000 habitantes, además el mismo OIJ ha reconocido que el 2022 tiene una tasa de homicidios de 12.2 y comparado al 7,66 homicidios de Nicaragua por cada 100.000 habitantes en 2020 que indica CNN, nos obliga a replantear el tema de seguridad en Costa Rica y el llamado a ver el modelo semejante al de Bukele en El Salvador, país de 6 millones y medio de habitantes y que en el pasado tenía un índice altísimo de violencia y hoy hay que reconocer está en mejores condiciones que Costa Rica.
Este país, en 2022, informa que el promedio anual suma 1.83 homicidios por día y las autoridades de Seguridad reportan que en los 148 días de régimen de excepción ocurrieron apenas 111 muertes violentas, lo que registra un promedio diario de 0.75 crímenes. Mediante el Plan de Control Territorial y un régimen de excepción la política de seguridad se dio un mayor beneficio para la población, sostuvo el titular de Defensa salvadoreña, Francis Merino Monroy. “La PNC registra 598 homicidios entre el 1 de enero y el 5 de diciembre, un 44% menos que los 1,061 contabilizados en idéntico período del año 2021.
Al ritmo actual, El Salvador cerraría 2022 con 644 homicidios, para una tasa de 10.2 homicidios por cada 100,000 habitantes”, aseguró el periodista Roberto Valencia. Incluso en todo noviembre en El Salvador sólo se contabilizaron 13 homicidios para una tasa 2.5 por cada 100.00 mil habitantes. Comparemos ambos países:
Y para aquellos que piden a gritos la instauración en Costa Rica de un modelo tipo Bukele, con la estructura actual de la policía, la falta de renovación de jerarquías y los evidentes casos de corrupción e infiltración del crimen organizado sería dar excesivos poderes a quienes en situaciones concretas han abusado de los derechos de los ciudadanos y además demostraron que a más poder no equivale a una mayor transparencia ni rendición de cuentas.
Sería la crónica de la muerte anunciada de la República y de la idea democrática costarricense. Por lo tanto, a través del Pacto PAZCR disponible en https://crprensa.com/costa-rica-necesita-un-pacto-de-paz/ y otras iniciativas que antes hemos compartido son la única manera de recuperar la seguridad en Costa Rica, porque la causa principal de la crisis actual es que el ciudadano está fuera de la toma de decisiones en seguridad. Simplemente somos controlados por un pequeño grupo que no acepta el debate público, que no permite el control ciudadano y que no rinde efectivas cuentas y que puede estar sufriendo el Síndrome de Noriega, conocido político panameño, que desde las esferas de inteligencia y del aparato de seguridad se colocó en el poder, fue informante de espionaje para varios países y se le involucró en el narcotráfico y después como dictador fue derrocado por Estados Unidos.
Para hacer contrapeso la ciudadanía debe tener en la Defensoría de los Habitantes un Observatorio Ciudadano de Seguridad que recoja las iniciativas populares, reclamos, denuncias y proyectos para que se impulsen cambios en la materia de seguridad pública. Otro tema es abrir una convocatoria a la Reserva de la Fuerza Pública, darle recursos mediante un Decreto de Emergencia Nacional e incorporar a muchos expolícias que durante años fueron excluidos por una falta de compromiso con el recurso humano, también con una errada visión de la profesionalización. Dada la importancia de darle músculo a la Fuerza Pública, debería pasar la Reserva, la Escuela Nacional de Policía, el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento Legal a ser un viceministerio del MSP y dirigido por ciudadanos comprometidos y que no pertenezcan a ese Ministerio, que velen por el reclutamiento de reservistas, limpiar las argollas en los nombramientos de oficiales, luchar contra la corrupción dentro de la corporación, promover el cambio de mandos que dan malos rendimientos y dirigir la Fuerza Pública al beneficio y servicio de los ciudadanos. Por lo tanto, las elecciones de la dirección del OIJ y de la Defensoría de los Habitantes deben ser lo menos politiquera posible y cuidar por el bien del país.
Opinión: Lic. Miguel Gutierrez | Unidad de Investigación CRprensa
