En tan solo unos pocos días desde que se develó que el país podía ser señalado por la Unión Europea como una nación no cooperante en materia tributaria, pasando por la declaratoria oficial del bloque europeo, hasta los días posteriores a eso, mucho se ha hablado del asunto, pero todavía no nos hemos adentrado en las razones de por qué al país le hacen ese señalamiento y qué nos ha llevado a esto. Porque, desgraciadamente, Costa Rica tiene historia en estas desavenencias y parece que no terminamos de aprender de estos procesos.
El académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, Fernando Rodríguez Garro (exviceministro de Hacienda), nos hace un análisis de la inclusión de Costa Rica en una lista de países no cooperantes en materia fiscal que podrían afectar la reputación nacional y a la inversión extranjera.
Primer alerta. En la historia reciente el primer señalamiento importante, de alguna forma oficializado, nos lo hizo la OCDE (esa misma organización de la que hoy somos parte) en el año 2009, a pedido del Secretariado del G20, el grupo de las 20 mayores economías del planeta. En esa ocasión, el llamado de atención era en razón de la rígida legislación sobre el acceso a información financiera con fines tributarios, así como los poquísimos acuerdos de intercambio de información tributaria que el país tenía vigente. En esa ocasión nos metieron en una minúscula lista de países no cooperantes y no comprometidos con el intercambio de información con fines tributarios, junto a Uruguay, Malasia y Filipinas.
En cuanto al contexto en que esa información se hizo pública, sucedió en la cumbre del G20 en Londres, en medio de la mayor crisis financiera desde el crash bursátil de 1929, con los países de ese bloque buscando recomponer sus golpeadas finanzas públicas al atacar la existencia de paraísos fiscales a lo largo del planeta. Incluso en la declaración final de la cumbre se hizo patente este objetivo, al declarar que «la era del secreto bancario ha terminado». La presión de estar en la lista y de los señalamientos hechos, llevó a que se aprobase en la Asamblea Legislativa en el año 2011 una reforma para facilitar el acceso a información bancaria con fines tributarios, que luego se ampliaría en el 2014.
Posteriormente en el año 2015, un reporte del Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información Tributaria, un grupo internacional auspiciado por OCDE luego de la cumbre del G20 del 2009, indicó que Costa Rica cumplía parcialmente el estándar internacional de intercambio de información tributaria, debido a un punto en particular, en el que la evaluación era negativa: el país no podía asegurar el acceso de las autoridades tributarias a la información sobre los propietarios finales de las entidades jurídicas, o sea, las personas físicas detrás de las personas jurídicas. No era un ajuste menor, implicaba el levantamiento del anonimato de las sociedades mercantiles, eso sí, con fines tributarios y para efectos de intercambio de información.
La tormenta política creada alrededor del tema fue particularmente importante, sobre todo porque el país era candidato a miembro de la OCDE y el punto que se nos señalaba era un tema ampliamente superado dentro de los países miembros. El Ministerio de Hacienda incluyó la reforma dentro de un proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa, con la férrea oposición del sector privado, que tuvo que escuchar el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, durante una visita al país, señalar que: “Es muy difícil entender cómo, quién y porqué se pueden oponer a que el Estado tenga información sobre quién es el dueño de las empresas (…) Esto es una puesta al día. Ustedes no van a ser pioneros, originales o diferentes, simplemente se van a poner al día de lo que ya están haciendo todas las democracias modernas”.
La reforma propuesta se aprobó finalmente como ley en diciembre del año 2016, en un proceso complejo y lleno de obstáculos.
Otro proceso. En esta ocasión con la Unión Europea, pero el reclamo en el fondo sigue siendo el mismo: Costa Rica es un país que no está jugando al día con las reglas de la tributación moderna, para evitar ser usado como un lugar donde se paguen menos impuestos. Nuestra arcaica legislación sigue mostrando rezagos importantes, lo que no extraña, porque lo que más actualizamos recientemente fue nuestro marco legal para el cobro del IVA, lo demás aún adolece de problemas. Nuestra ley de impuesto sobre la renta sigue siendo básicamente la de 1988 y nuestro código tributario aún no recibe una modernización amplia desde su vigencia.
Tenemos que entender que la comunidad internacional lo que nos está exigiendo es colaboración, por eso, más que darnos una calificación de qué somos (no nos dijo en realidad que éramos un paraíso fiscal) nos está señalando como jurisdicción no cooperante. Nos pide que ajustemos nuestra legislación tributaria para que empresas de otras naciones, en este caso europeas, no usen el territorio costarricense para lograr no pagar impuestos en ningún lado, la doble no imposición que los europeos nos reclaman.
Hay que entender que, a pesar del empuje que la globalización ha dado al comercio, las finanzas y las comunicaciones, la integración global no ha llegado a la política tributaria, que tiene que lidiar con empresas transnacionales que mueven su cadena de valor por todo el planeta. Las administraciones tributarias deben usar instrumentos legales que avanzan lentamente frente a esas realidades, lo que complica el cobro de impuestos a estos entes. En los últimos 15 años, sobre todo después de la crisis del 2008-2009, se ha profundizado la necesidad de cooperación entre naciones como medio para solventar estos vacíos, haciendo énfasis inicialmente en los medios para intercambiar información tributaria, luego en la calidad de esta información y ahora en establecer reglas para evitar que la competencia tributaria socave las arcas públicas de algunas naciones. En ese contexto se ubica esta discusión sobre la lista de la Unión Europea.
Lo que suceda hacia adelante dependerá de la voluntad que mostremos para corregir estas deficiencias, que en todo caso como país nos conviene solucionar. Los vacíos que tenemos también afectan la capacidad de controlar que no se realicen maniobras que abusen del marco legal del país, para evitar pagar los impuestos correspondientes en Costa Rica. No podemos darle la espalda a un socio comercial tan importante, fuente de inversión directa, cooperante importante y fuente de financiamiento externos para el país.
Ya en el año 2015, en un proyecto de ley presentado para hacer una reforma integral de la ley de impuesto sobre la renta, se propuso un mecanismo que habría evitado esta discusión con la Unión Europea, sobre el tratamiento de las rentas pasivas extraterritoriales. Desgraciadamente la Asamblea Legislativa archivó el proyecto y el vacío no se corrigió. Ahora lo que requerimos es construir apoyo político y entender, de una vez por todas, que debemos evitar seguir recibiendo observaciones de este tipo y ser un actor serio en la relación económica con otras naciones.
Oficina de Comunicación de la UNA
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