San José. “Los cambios culturales son procesos complejos que requieren de tiempo y esfuerzos colectivos, la historia del país evidencia que el ejercicio de los derechos políticos ha significado para las mujeres un largo camino de avances y retrocesos; sin embargo, la aprobación de esta ley representa un peldaño para erradicar la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en espacios de toma de decisiones”.
Con estas palabras, Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), celebró la aprobación en segundo debate del proyecto de Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, sin embargo, la jerarca también lamentó la exclusión de los grupos de mujeres del proyecto.
El trámite para la aprobación de esta ley lamentablemente excluyó a las mujeres de organizaciones como sindicatos, asociaciones solidaristas, civiles, cooperativistas y de desarrollo comunal.
“Para el INAMU, la exclusión de las mujeres de organizaciones representa una discriminación y un incumplimiento a los compromisos adquiridos por el país en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas, ratificada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, mediante la Ley N° 6968, del 2 de octubre de 1984, publicada en La Gaceta N° 8, del 11 de enero de 1985”, indicó Guerrero Campos.
“Es importante y necesario evidenciar lo sucedido, para que, desde el próximo cuatrienio constitucional 2022-2026, la Asamblea Legislativa revierta esta situación y le garantice a las mujeres de las organizaciones un ejercicio político pleno, en igualdad de condiciones con sus compañeros”, agregó la ministra.
Hoy, el país cuenta con una normativa que conceptualiza lo que las mujeres viven en su vida cotidiana, que establece sanciones para quienes ejercen este tipo de violencia de género, así como responsabilidades institucionales para hacerle frente y esto ha sido posible gracias a las exdiputadas Pilar Porras y Maureen Clarke, y a esfuerzos colectivos interinstitucionales que iniciaron con el espacio compartido entre el INAMU, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa, diputadas y diputados y los aportes de las mujeres, las organizaciones y otras instancias institucionales, para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales.
“Todo este proceso ha dejado claro una vez más, que los mayores logros se tejen de manera colectiva y requieren de esfuerzos comprometidos a lo largo del tiempo y ahora, para garantizar su cumplimiento, también es necesario mantener y fortalecer rutas claras de articulación y vigilancia”, finalizó Guerrero Campos.
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