Ofensas van y vienen en la política nacional, pero si se analiza el fondo de esos agravios, ¿qué hay detrás? En realidad, son el reflejo social de la incapacidad que tienen las personas de defender, con datos y argumentos razonados, sus propias posiciones. Quienes no coinciden con ellos, ¿será porque tienen datos diferentes?, o simplemente discrepan porque tienen otra información, o porque tienen intereses que es mejor no descubrir, de cualquier modo, quienes les cuestionan reciben una lluvia de insultos apabullante.
En una democracia como la nuestra, toda la información debe ser sometida a control político, es la base de la libertad de opinión y la libre participación política de las personas. ¿Pero qué sucede cuando la sociedad está malinformada? O, peor aún, ¿cuando quienes pueden hacerlo tienden a censurar a todos aquellos que discrepan con cierta forma de pensar? ¿Qué sucede cuando son los funcionarios públicos quienes incurren en estas conductas a la vista de todos, como si se tratara de una conducta “normal”?
Es aquí donde debemos asustarnos, pues, si por un lado los ataques son una muestra de inmadurez, ya de por sí, cuando son los funcionarios públicos quienes realizan esas conductas, sí es un signo claro de corrupción, o de una docilidad bastante preocupante al no ser capaces de analizar lo que se le está proponiendo como una posibilidad, que, en la sana lógica, deberían valorar antes de contestar, no simplemente apartar a la voz ciudadana como si de algo sin valor se tratara: algo “malo”, “no digno de escuchar”, entre otros.
Cuando los funcionarios públicos se niegan a llevar a cabo un debate público sobre los distintos temas, uno que ha sido pedido por diversos sectores de la sociedad y de forma sostenida por meses, inclusive a estas alturas años, sea con consciencia o por ignorancia, se vuelven cómplices de la corrupción.
Lo cierto es que no hay dueños de la verdad y actualmente la transparencia se ha vuelto muy oscura, al punto de ser lo “normal” recibir ataques de odio si se cuestiona lo que sea, lo que también ha provocado miedo en la población a la hora de disentir.
Quien diga, sin existir debate, que es dueño de la razón, no es más que un manipulador y se debe sospechar de inmediato acerca de sus motivos ocultos, es una alerta de por sí.
Los ojos ciudadanos, sí o sí, deben estar siempre vigilantes de que las acciones de los funcionarios púbicos se acojan a la Constitución.
Muchos de estos políticos, para empeorar las cosas, tienen manipuladores de opinión en las redes sociales, que cuestionan a todos aquellos que dudan, cuestionan o piden debate público, tratando de invalidar a quienes exigen transparencia a los funcionarios públicos de hoy. “Que hay que dejarlos trabajar”, dicen, tratando de eliminar el control político del pueblo, que no debe cesar.
¿Qué clase de antipueblo es quien evita que los ciudadanos se involucren en los quehaceres de la política? ¿Informarse sobre las decisiones que los funcionarios toman, y que nos afectan a todos, resulta ahora digno de incitación de castigo “social” por parte de quienes trabajan para censurar ciudadanos?
Es una alerta que anuncia que hay algo escondido, algo que quizás muchos de ellos, camuflados en redes sociales, podrían estar operando desde en otros países como Nicaragua, Cuba o Venezuela, jugando en favor de los intereses de otros.
Por eso, estimados costarricenses, desconfíe de de todo aquél que antes de ir a un debate público, prefiere atacar a quienes realizan control político. Los ataques personales hacia quienes exigen debate público y cumplen con su deber ciudadano de control político, son una muestra de que esos censuradores gobiernan en beneficio propio, o de otros intereses mayores, pero no del pueblo.
La ausencia del debate es la presencia de la corrupción. No lo olvide.
Opinión de Gerardo Ledezma
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