Costa Rica – Un informe de minoría de la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa del 06 de Diciembre del 2021, advierte sobre la posible penetración del narcotráfico en territorios municipales y sus vínculos con el financiamiento de partidos políticos. El documento, correspondiente al expediente 22.479, critica la falta de equilibrio en las audiencias y la presunta obstrucción de la investigación.
Extracto… (Página 13, documento descargable mas abajo).
1.2.1.2 Narcotráfico y política en Costa Rica
Las posibles relaciones de personas vinculadas con el narcotráfico y políticos
costarricenses han generado varios escándalos en los últimos años que incluso
llegaron a motivar comisiones legislativas de investigación.
En la mayoría de los casos, las respuestas se orientaron a bajar los niveles de
cuestionamiento ante opinión pública, y evidenciaron que personas y
organizaciones relacionadas con el narcotráfico y el lavado de capitales han
realizado acciones continuas para tratar de lograr niveles de influencias en partidos
políticos y en los gobiernos en Costa Rica. Un repaso de varios de ellos sirve para
evidenciar que no se trata de situaciones aisladas y que las acciones impulsadas
desde la institucionalidad no han sido suficientes para contenerlas.
Asimismo, sirven para recordar que muchas veces, los mismos actores políticos han
tratado de minimizarlas, subestimarlas o de tratar de capear la tormenta de la
opinión pública, para mantener estas situaciones que representan ingresos
importantes en épocas de campañas electorales.
El informe señala que la comisión, creada a raíz de denuncias sobre la influencia del crimen organizado en la política, llevó a cabo una cantidad limitada de audiencias y que, en algunos casos, se impidió la comparecencia de figuras clave, incluyendo alcaldes y funcionarios vinculados a casos de corrupción. Además, se menciona la falta de seguimiento a alertas del Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio Público sobre financiamiento irregular de campañas.
Entre los hallazgos, se documentan antecedentes de presunta relación entre políticos y grupos criminales, con referencias a casos históricos que evidencian la presencia del narcotráfico en la política costarricense. El informe concluye que la falta de voluntad política ha limitado los esfuerzos por combatir este fenómeno y recomienda reforzar la supervisión del financiamiento de los partidos, así como fortalecer los controles en las municipalidades.
¿Habia pasado antes?
En una Comisión de Investigación de Junio del 1992, con el expediente 10.934, documento descargable mas abajo, se habla de los casos investigados, en el que se lee entre las páginas 14 y 15 que se señala la contribución de $20.000 dolares USD, atribuida a la compañía Ocean Hunter en la campaña electoral de 1986, donde se encuentra la firma de endoso del sr Oscar Arias Sanchez con relación a su cuenta personal en MIami… y continúa.
El informe presentado por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa destacaba la necesidad de continuar con la investigación sobre la influencia del narcotráfico en instituciones públicas y el financiamiento de partidos políticos.
El documento adviertió que organizaciones criminales han logrado infiltrarse en gobiernos locales y estructuras partidarias, señalando posibles vínculos entre funcionarios públicos y redes delictivas. Además, se menciona que en investigación anterior enfrentó obstáculos, como limitaciones en el acceso a información clave y dificultades para obtener testimonios de figuras relevantes.
Entre las recomendaciones planteadas, se propuso dotar a la comisión de mayores herramientas para profundizar en los casos de corrupción relacionados con el narcotráfico, así como fortalecer los controles sobre el financiamiento de campañas electorales y la administración de recursos municipales.
El informe subrayó la importancia de evitar que el crimen organizado continúe expandiendo su influencia en el ámbito político, advirtiendo que representa una amenaza directa para la democracia y la seguridad nacional. Ante esto, diputados habían solicitado ampliar la investigación para garantizar mayor transparencia y control en las instituciones del país.
Juez Reelecto en cuatro ocasiones
Nota de Semanario Universidad: Jesús Ramírez fue cuestionado en 1988 por diputados de la Comisión de Narcotráfico. Aunque desde entonces se le pidió la renuncia, él ha logrado mantenerse por décadas en su silla de magistrado
El Sindicato de la Judicatura (Sindijud) exigió a los miembros de Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que expliquen por qué eligieron al “más cuestionado” como su presidente, en referencia a la designación del magistrado Jesús Ramírez en ese puesto el pasado lunes.
“Este sindicato exige –vehementemente- explicaciones claras y concretas a los miembros de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, quienes de conformidad al Artículo 11 de la Constitución Política deben rendir cuenta de sus actos. Deben explicar por qué después de los señalamientos de corrupción judicial, eligieron al más cuestionado de los miembros de la Corte”, dice un comunicado emitido por el sindicato.
El acuerdo para pedir cuentas a la Sala se tomó en la mañana de este lunes, detalló el secretario general de Sindijud, Jorge Morales.
Los jueces que conforman ese agrupación gremial señalaron que Ramírez “es la figura más cuestionada en la historia del Poder Judicial. Señalado por la Comisión de Narcotráfico en el año 1988, sancionado disciplinariamente por el caso del ‘cementazo”, acusado de presionar a una jueza, entre otros”.
“Poniendo frente a una Sala -que debe juzgar a la clase política- a una figura señalada y cuestionada, transmiten los magistrados que no les importan los recientes y vergonzosos hechos que costaron el puesto a casi la totalidad del alto tribunal. El mensaje es claro: pase lo que pase todo seguirá en picada”, dice el texto.
Jesús Ramírez es magistrado desde 1985 y ha sido reelecto en cuatro ocasiones.
Fue suspendido en el 2018 por ser parte de la Sala Penal que desestimó una causa contra dos legisladores, con base en una solicitud de la Fiscalía que contenía prueba falseada. Por ello también fueron sancionados el expresidente judicial, Carlos Chinchilla, y la magistrada Doris Arias, ambos miembros de esa sala. Estos últimos se acogieron a su jubilación.
El 1988, un informe de los diputados de la Comisión de Narcotráfico le atribuyó acciones que habría favorecido la penetración de intereses del narcotráfico en el Poder Judicial.
Por Hulda Miranda | huldamp@gmail.com | 21 enero, 2020
Nota literal a la Original de Semanario Universidad
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