El caso «Diamante», investigado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ha sacado a la luz una compleja red de corrupción en licitaciones de obras públicas que involucra a varias municipalidades y empresas privadas. Según el informe final, presentado en noviembre de 2024, las irregularidades abarcaron actos de soborno, favoritismo en contrataciones y deficiencias en los sistemas de control interno.
Hallazgos principales
La investigación identificó que empresas constructoras como MECO y Explotec ofrecieron beneficios indebidos a funcionarios municipales, incluyendo dinero en efectivo, vehículos y otros favores personales. A cambio, estas empresas obtuvieron contratos millonarios en proyectos de construcción y mantenimiento vial, afectando la integridad del uso de los recursos públicos.
Entre las municipalidades involucradas se destacan San José, Alajuela, Escazú, Golfito, Osa, Siquirres, San Carlos y Cartago. El informe detalla cómo funcionarios en posiciones clave, incluidos alcaldes y técnicos, facilitaron estas irregularidades mediante la manipulación de procesos de contratación.
Impacto económico y político
El informe calcula que, entre 2019 y 2021, la empresa MECO obtuvo más de ₡6.500 millones en contratos con municipalidades vinculadas al caso. Además de las pérdidas económicas, el caso ha puesto en duda la capacidad de las instituciones públicas para garantizar transparencia en la administración de recursos.
El documento subraya las debilidades en el sistema de control interno de las municipalidades, que permitió la concentración de contratos en empresas específicas sin supervisión efectiva.
Recomendaciones legislativas
La Asamblea Legislativa propone una serie de reformas para prevenir futuros casos de corrupción, entre ellas:
- Fortalecer la Ley de Contratación Administrativa: para garantizar procesos más transparentes y equitativos.
- Reforzar los sistemas de control interno: con auditorías más rigurosas y mayor vigilancia en las municipalidades.
- Mayor cooperación interinstitucional: entre la Contraloría General de la República y otras entidades fiscalizadoras.
Conclusión
El caso «Diamante» representa un llamado de atención sobre la importancia de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública costarricense. Las recomendaciones del informe buscan no solo sancionar las irregularidades detectadas, sino también prevenir que se repitan en el futuro, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
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