La Defensoría de los Habitantes informa que ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el sector agropecuario costarricense, centrándose en la implementación y resultados de la política pública presentada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en 2023. La mencionada política tiene como objetivo la reactivación de este sector económico crucial para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más empleo.
La Defensoría destaca que, a pesar de los esfuerzos del MAG, existen asimetrías entre los productores agroexportadores y los productores para el mercado local, con un énfasis significativo en la Agricultura Familiar, que se concentra mayoritariamente en zonas rurales con niveles de pobreza. La Defensoría resalta la importancia de abordar estas asimetrías para garantizar una reactivación equitativa y sostenible del sector.
En el marco de la investigación, la Defensoría también está revisando un estudio de la Contraloría General de la República (CGR) de 2019, que evaluó la eficiencia y eficacia de los servicios de asistencia técnica, financiamiento, seguros y fomento a la producción en el sector agropecuario. El análisis se centra en la contribución de estos servicios a la disponibilidad alimentaria nacional y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
La Defensoría ha consultado a diversas partes interesadas, incluida la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, para obtener una visión integral de la situación actual del sector. Se ha observado que persisten observaciones y comentarios desde 2019, lo que sugiere desafíos continuos en áreas como la defensa comercial, la regulación de la intermediación de bienes, servicios de información climatológica y de siembra, y mejoras en el proceso de registro de agroquímicos y certificación de semillas.
Además, la Defensoría está llevando a cabo una investigación específica sobre una institución clave en el sector agropecuario, centrándose en el tema de la gobernanza en el marco de los derechos humanos. La institución debe trabajar en la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo para garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia en sus procesos, cumpliendo así con su obligación constitucional de proporcionar servicios públicos de calidad.
La Defensoría de los Habitantes reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y continuará monitoreando y evaluando el sector agropecuario para promover prácticas equitativas y eficientes en beneficio de la población costarricense. Se espera que los resultados de esta investigación proporcionen valiosas recomendaciones para mejorar la gestión y el impacto del sector agropecuario en el país.
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