La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario.
Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones.
La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se ingieren (vía oral) o se nebulizan en la nariz.
Fuente OMS
Según nos explicó el médico farmaceuta de la CCSS, el Dr. Arístides Marín, la sustancia no cumple con los requisitos para ser obligatoria.
Sin embargo, el mandatario conoce este tema, pero al solicitársele un debate público su reacción es evidente, «es muy clara la posición del gobierno» no somos antivacunas, dice el mandatario, pero la sustancia experimental aún no es vacuna, ya que esa etapa la alcanza hasta el 2024, pero en Costa Rica le dieron ese nombre a nivel documental, junto con otras irregularidades denunciadas por Justicia Para Todos y el grupo Bicentenario, la sustancia ni siquiera tiene registro sanitario, ni se conoce su estabilidad bioquímica.
La misma Ministra de Salud dijo que la sustancia no cumple aun con todas sus etapas, y que no conoce los efectos secundarios, como el resto de vacunas que si se conocen y ya cuentan con registros sanitarios, además del control de laboratorio, con una estabilidad bioquímica de al menos 6 meses.
Al no ser una sustancia aprobada, no alcanza el grado de vacuna, tampoco cumple con los principios de obligatoriedad, porque no evita el contagio, no inmuniza, y tampoco existe un equilibrio entre el proteger la salud y los efectos adversos, ya que la información pública de la abortividad y los efectos adversos no ha sido comunicada a la población en forma oficial, tampoco existe el consentimiento informado, en el caso de la abortividad se pretende usar una hoja informativa, induciendo al error a la población, principalmente a la más vulnerable, tanto en salud como en educación.
Estas irregularidades demostradas, suficientemente documentadas, de las palabras del Presidente, de las Autoridades de Salud, y de Diputados, puede ser muestra de un acto de corrupción contenida en un contrato comercial blindado, que pone el derecho a la vida en segundo plano.
Lo preocupante es que puede existir irregularidades en dicho contrato, porque un mandatario, ósea, Carlos Alvarado como presidente que firmó dicho contrato, debió hacer de conocimiento de la Asamblea Legislativa, y consultarlo en la Sala Constitucional, por lo que ese contrato blindado podría no tener legalidad, ya que la farmacéutica firmó con alguien que según nuestra constitución política, no puede arrojarse la soberanía del país, si así lo hizo, se estaría cometiendo el delito de traición a la patria. (Artículo 3 de la Constitución Política).
Delito que comete el abogado o procurador cuando, faltando a sus deberes profesionales, perjudica los intereses de la parte a quien defiende o representa judicial o administrativamente.
Diccionario RAE
El preocupante silencio de las autoridades puede dejar en indefensión a los costarricenses, ya que hay suficiente información para demostrar que la sustancia atenta contra la salud pública, y que quien tiene control sobre una sustancia experimental en Costa Rica es el CONIS, y no la CNVE.
En el 2021, cuando se filtró un contrato de Pfizer, se habló que la sustancia tenia un valor de $2 USD, pero por el monto final, cada unidad saldría en $12 USD, denunció ésta presentadora en su programa semanal en República Dominicana.
