La Justicia argentina ratificó la condena de seis años de prisión e «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos» a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en un caso de corrupción relacionado con obras públicas, en una decisión tomada por la Cámara Federal de Casación Penal el 13 de noviembre de 2024. Esta condena, en el marco de la causa «Vialidad,» investigó irregularidades en la adjudicación de 51 proyectos viales a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández en la provincia de Santa Cruz.
El fallo fue emitido por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 de diciembre de 2022. Además de la sentencia por administración fraudulenta de fondos públicos, la corte rechazó el pedido de la Fiscalía de agregar cargos por asociación ilícita, confirmando también las condenas de otros implicados, incluyendo a Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López.
Implicaciones políticas y respuesta de Fernández
Esta decisión representa un duro golpe para Fernández, quien podría haber competido en las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, sus abogados indicaron que buscarán apelar ante la Corte Suprema, lo cual podría dilatar la resolución definitiva por varios meses o incluso años, manteniendo en suspenso su futuro político. La inhabilitación perpetua complica la posibilidad de que Fernández, aún influyente dentro del peronismo y el kirchnerismo, pueda ocupar cargos públicos en el futuro.
Cristina Fernández calificó el proceso como una maniobra de «lawfare,» denunciando una persecución política-judicial en su contra. A través de un comunicado, describió la causa como un “show” orientado a su proscripción política y señaló la cercanía de los jueces que ratificaron la condena con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), a quien acusa de haber promovido hostigamientos judiciales contra figuras de su gobierno.
La causa «Vialidad» y el contexto judicial en Argentina
La causa «Vialidad» ha sido emblemática en el escenario político-judicial argentino, exponiendo tensiones profundas entre la Justicia y sectores del kirchnerismo, que denuncian parcialidad y vínculos entre el Poder Judicial y figuras políticas de la oposición. Este caso se suma a una serie de procesos abiertos contra Fernández y otros exfuncionarios, en un contexto en el que el término «lawfare» ha ganado relevancia en Latinoamérica, refiriéndose al uso del sistema judicial para fines políticos.
El fallo llega en un momento crucial para el peronismo, que enfrenta desafíos electorales en 2025 tras una polarización creciente en el país y un desgaste en la popularidad de los partidos tradicionales. La ratificación de la condena a Cristina Fernández podría polarizar aún más el escenario político en Argentina, al mismo tiempo que reaviva los debates sobre la imparcialidad judicial y la corrupción dentro del Estado.
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