Un juez federal en Seattle, John Coughenour, bloqueó temporalmente la orden ejecutiva firmada recientemente por el expresidente Donald Trump, que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. La medida, que ha generado amplio rechazo y acciones legales, ha sido calificada por el magistrado como «descaradamente inconstitucional».
La decisión del juez se fundamenta en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., la cual establece que toda persona nacida en el país es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus progenitores. En respuesta, una coalición de 18 estados gobernados por demócratas, junto con Washington D.C. y San Francisco, presentó una demanda contra la administración Trump, argumentando que el expresidente carece de autoridad para modificar o anular una enmienda constitucional.
Los fiscales generales de estos estados han advertido que la orden ejecutiva podría causar un «daño inmediato e irreparable» a numerosos residentes. El caso ha desatado un intenso debate legal y político sobre el alcance del poder ejecutivo en materia migratoria.
El bloqueo judicial impide temporalmente la aplicación del decreto, mientras avanza el proceso en los tribunales. Se espera que la batalla legal continúe en instancias superiores, lo que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema de EE.UU.
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