Silvia Elena Arce Meneses, jueza de trabajo, presentó una denuncia formal contra Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia. La acusación, radicada el 1 de noviembre, señala un presunto acto de agresión sexual ocurrido en el año 2000, así como conductas reiteradas de acoso laboral y persecución profesional.
Según Arce, el incidente inicial ocurrió en su oficina cuando ella era jueza interina. El magistrado, entonces compañero de tribunal, presuntamente cometió un acto obsceno no consentido. Este relato fue confirmado por Arce en un artículo escrito por el abogado Mario Rucavado, donde detalló que Sánchez habría aprovechado su posición de poder y sus vínculos familiares con el entonces magistrado Jorge Rojas Sánchez para silenciar la situación por años.
En agosto de 2023, la jueza también denunció que Sánchez intervino en un proceso disciplinario en su contra, resultando en su reubicación a un organo administrativo, medida que considera una represalia laboral. Según Arce, esta reubicación se mantiene vigente pese a que la investigación fue resuelta a su favor.
Las acusaciones contra Luis Porfirio Sánchez resurgieron en medio de su proceso de reelección como magistrado. A pesar de la oposición de diversas bancadas legislativas y organizaciones civiles, el pasado 2 de septiembre la Asamblea Legislativa lo reeligió para un nuevo periodo de ocho años. Sánchez ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas de infundadas, y anunció una querella contra Arce y el abogado Rucavado por difamación
La denuncia ha generado un debate público sobre el manejo de estas acusaciones en el sistema judicial y la falta de confianza de las víctimas en las vías penales. Por su parte, Sánchez ha afirmado estar dispuesto a renunciar a su inmunidad si se presenta una denuncia penal en su contra, aunque Arce señala que la vía disciplinaria fue su elección inicial debido a la desconfianza en el cumplimiento de esta promesa.
Este caso puede ser señalado como emblemático, resaltando las dificultades para abordar denuncias de acoso y agresión sexual dentro del Poder Judicial de Costa Rica, también resalta las dinámicas de poder dentro del Poder Judicial y las implicaciones de la inmunidad para magistrados señalados por conductas inapropiadas. Mientras tanto, la Corte Suprema evalúa el procedimiento disciplinario, que podría marcar un precedente en la gestión de casos similares.
