La institución judicial con sede en La Haya abre una investigación por la deportación a Rusia de niños ucranianos y desplazamiento forzoso de población, menores incluidos, desde las zonas ocupadas.
La Corte Penal Internacional de La Haya ha emitido hoy viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra cometidos en Ucrania desde el 24 de febrero del 2022, en concreto la deportación ilegal de niños y el desplazamiento forzoso de personas, entre ellas menores de edad, desde las áreas ocupadas de este país a la Federación Rusa. Los jueces también han publicado una orden de detención internacional contra Mari Lvova-Belova, comisiria presidencial de derechos de la infancia niño de Rusia, por su presunta responsabilidad en los mismos actos. Los cargos anunciados hoy por La Haya son las primeras acusaciones internacionales contra el Kremlin desde el comienzo de la guerra. «Esto es solo el principio», ha augurado el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell.
Tras examinar las pruebas presentadas por el fiscal, Karim Khan, la cámara de cuestiones preliminares ha llegado a la conclusión de que «hay motivos razonables para pensar que el señor Putin tiene una responsabilidad criminal individual por los crímenes mencionados», ha anunciado la Corte en un comunicado, bien por haber cometido esos actos «directamente, junto con otros o a través de otros», por su incapacidad para «controlar adecuadamente a sus subordinados civiles y militares» que han cometido estos actos o los han permitido, personas que estaban bajo su «autoridad y control» y sobre las que tiene «una responsabilidad superior». Lvova-Belova, por su parte, está acusada de cometer estos actos u ordenarlos.
Publicitar las órdenes «puede evitar» que se sigan cometiendo crímenes, aduce la CPI
En un vídeo mensaje, el juez presidente de la CPI, el polaco Piotr Józef Hofmański ha explicado que, a pesar del interés por proteger la investigación en marcha y ante el convencimiento de que estas conductas «presuntamente se siguen produciendo·, la II Cámara preliminar de la Corte ha considerado que «va en interés de la justicia» autorizar la publicación de estas órdenes ya que su publicidad puede contribuir a la prevención de nuevos crímenes. En los últimos días, se había especulado con la posibilidad de la CPI abriera también una causa contra las autoridades de Rusia por los ataques contra infraestructuras de guerra pero por el momento La Haya solo ha dado el paso con relación al secuestro de niños, unos hechos por los que la Unión Europea ha sancionado a varios políticos rusos y que está investigando junto con Polonia. La Corte, en una decisión histórica que lleva la guerra también al terreno judicial, atribuye estos actos directamente a Putin.
Diferentes investigaciones han encontrado pruebas del traslado ilegal de niños ucranianos, tanto de corta edad como adolescentes, algunos procedentes de orfanatos, para ser entregados a familias rusas o ingresados en campamentos de «reeducación». El Kremlin, en cambio, presenta estos programas como una misión humanitaria de ayuda a los niños afectados por la guerra y el año pasado se aprobó una nueva legislación para facilitar la adopción y concesión de la nacionalidad a niños ucranianos.
La oenegé Human Rights Watch calcula que 32.000 de los 105.000 niños ucranianos que estaban en instituciones residenciales antes de la guerra -casi la mitad, discapacitados- estaban en zonas ahora ocupadas. «Activistas y abogados ucranianos indican que al menos varios miles de esos niños han acabado deportados por la fuerza a Rusia o a otros territorios que ocupa», sostiene la organización, que hoy ha celebrado la decisión de la CPI, «el primer paso para acabar con la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores en Rusia de crímenes de guerra contra Ucrania durante demasiado tiempo».
Las posibilidades de juzgar a ciudadanos rusos en La Haya son limitadas
La Haya no reconoce inmunidad a los jefes de Estado en casos de presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, pero las posibilidades de juzgar a cualquier ciudadano ruso en la CPI son sin embargo muy limitadas. Moscú no reconoce su jurisdicción y tiene por práctica no extraditar a sus nacionales, al margen de sus cargos. Putin tendría que viajar a algún país signatario de la institución (hay 123) para, potencialmente, ser detenido. Y la Corte, por su parte, no juzga casos en rebeldía. La orden internacional restringe sin embargo todavía más la capacidad de viajar al extranjero del presidente Putin.
«Las ruedas de Justicia están en marcha», celebra el ministro Kuleba
El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha aplaudido de inmediato la decisión de La Haya desde su cuenta de Twtitter. «Las ruedas de la Justicia están en marcha (…), los criminales internacionales deberán rendir cuentas por robar niños y otros crímenes internacionales». Ucrania no es miembro de la Corte pero le ha dado jurisdicción sobre su territorio y su fiscal lo ha visitado en varias ocasiones desde la apertura de la investigación hace alrededor de un año. Ayer, una investigación respaldada por Naciones Unidas incluyó los actos de tortura y asesinatos llevados acabo sistemáticamente por Rusia en las regiones ocupadas como posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, además de la deportación forzosa de niños ucranianos y la detención en condiciones inhumanas.
«La gravedad de los crímenes y del comunicado de la CPI hablan por sí solos. Esta es una decisión importante para la justicia internacional y el pueblo de Ucrania», ha declarado Borrell desde Macedonia. «La UE siempre ha dejado claro que los responsables de la agresión ilegal contra Ucrania deben ser llevados ante la Justicia y esta orden de la CPI es sólo el principio de ese proceso para hacer rendir cuentas a Rusia y sus líderes por los crímenes y atrocidades cometidas». La UE, ha recordado, apoya las investigaciones de la CPI. «No puede haber impunidad», ha concluido el jefe de la diplomacia europea.
Fuente: CPI y la vanguardia.com
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