La Defensora de los Habitantes de Costa Rica y Presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, Catalina Crespo Sancho, denunció que en el caso de Nicaragua, han sido transgredidos los Principios de Venecia, los cuales protegen y preservan la independencia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en favor de la protección de los derechos de las personas, por parte del régimen del Presidente Ortega, que ha utilizado, tanto a la Procuraduría de DDHH de Nicaragua como al Congreso de la República de ese país, como instrumentos al servicio de un poder tiránico que desdibuja la división de Poderes y la independencia de las instituciones que garantizan la democracia, la cual dejó de existir en Nicaragua en razón de las flagrantes violaciones que se han denunciado internacionalmente.
En su intervención, Crespo Sancho, se refirió a la ausencia de acciones de protección de los derechos de las y los nicaragüenses en el contexto de la crisis de gobernabilidad autoritaria que vive ese país centroamericano. Asimismo, abordó las violaciones a los acuerdos suscritos entre esa entidad local para con el Consejo Centroamericano y la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), todos los cuales demandan a los gobiernos abstenerse de toda intervención que afecte y condicione el trabajo que esas instituciones están llamadas a hacer en cumplimiento de los Pactos y Convenios que integran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Entre otras cosas, estos acuerdos promovidos desde la Presidencia del Consejo Centroamericano de Entidades Nacionales de Derechos Humanos, están dirigidos a desarrollar una estrategia efectiva para responder de manera articulada y con mayor contundencia, a las amenazas antidemocráticas y que violentan los derechos humanos sobrepasando las fronteras de los propios países que las sufren.
Catalina Crespo recordó que los “Principios de Venecia” (adoptados por la Comisión de Venecia el 15 marzo de 2019 en su sesión plenaria), establecen estándares mínimos para una labor eficaz en las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, con el objetivo de desarrollar un conjunto de principios complementarios destinados a atender las problemáticas específicas y las necesidades de las instituciones de los Defensores del Pueblo. Dichos principios han sido sistemáticamente incumplidos en el caso nicaragüense, en razón del rol pro-gubernamental que ha asumido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que abandonó su rol de entidad nacional de derechos humanos, para convertirse en un apéndice político del régimen del Presidente Ortega.
Según la Presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, la costarricense Catalina Crespo Sancho, el objetivo de su mandato es conferir a los Principios de Venecia la naturaleza de un texto vivo, capaz de adaptarse a diferentes contextos legales y políticos; a efecto de servir como principios legales esenciales para el establecimiento y buen funcionamiento de las Defensorías del Pueblo, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho.
La PhD Catalina Crespo advirtió que el giro hacia la dictadura y la tiranía por parte de un gobierno, debe provocar que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos asuman su función en favor del pueblo y de sus derechos; en vez de prestarse, con su silencio cómplice, a encubrir las violaciones de derechos humanos que ejercen los detentadores del Poder en contra de los habitantes y sus organizaciones, a quienes los Principios de Venecia, llaman a defender, como misión central del Ombudsman en cada Nación.
La declaratoria de ilegalidad, dada sobre más de 55 organizaciones que representan el sentir del pueblo democráticamente organizado, supone un golpe de gracia a la participación política, libre e independiente, del pueblo nicaragüense. Ello se suma de manera preocupante a la denegatoria de participación política de los partidos de oposición en ese país, configurándose así un cuadro máximo de violación a la democracia y a los derechos humanos por parte del régimen del Presidente Ortega y sus acólitos (entre ellos, la propia Procuraduría nicaragüense).
“En estos tiempos de crisis de los organismos nacionales de derechos humanos, nuestras instituciones son aún más necesarias que nunca para garantizar el balance y los contrapesos que caracterizan el sistema democrático de gobierno y la rendición de cuentas de los gobernantes ante los gobernados. En atención a este deber, es que hago las presentes manifestaciones en razón de que la Procuraduría Nicaragüense ha optado por ser la antítesis de lo que debió ser”, manifestó Catalina Crespo Sancho, Presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos.
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