Mediante resolución CPPCR-JD-041-2023 del 11 de mayo de 2023, la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos confirmó la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por 3 años a la psicóloga Adriana Barboza Rojas, una profesional que vende dictámenes de abuso sexual falsos y se presenta como perito experta en abuso sexual infantil para engañar a jueces y fiscales.
Una de las razones para la suspensión fueron unos videos que ella misma presentó al Poder Judicial en los que, sin detener la grabación, se le fueron unas conversaciones con su cliente en la que reconocían que el niño no había dicho nada negativo contra el papá y aun así la psicóloga emitió un dictamen falso. Luego en ese audio doña Adriana y su cliente sobornan al niño de 4 años de edad para que fuera a donde una amiga de ellas en la Fiscalía de Género, una señora elegante y de vestido y le dijera que el papá abusó de él. A cambio el niño recibiría una sorpresa, una tarde de pelis y unas camisas de Paw Patrol.
La entrevista al niño fue realizada por una Fiscal de la Fiscalía de Género de San José quien fue específicamente designada para hacer esta entrevista la cual aplazó por casi 8 meses a pesar de las directrices institucionales de darle trato prioritario a estos temas. Solo esa fiscal podía llevar a cabo esa entrevista.
El resultado de la entrevista es una vergüenza institucional para el Ministerio Público. ¿Incompetencia? Puede ser. Según constancia emitida por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, la fiscal en cuestión no tiene ninguna capacitación específica en entrevistas a menores de edad y la capacitación más relevante que ha tenido fue sobre impugnación de sentencias penales. La reprobó. Se ha hecho la consulta de cuántas entrevistas a menores de edad ha hecho pero no ha habido respuesta. En 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia condenatoria contra Nicaragua claramente indicó que es contrario al Derecho Internacional de Derechos Humanos que estas entrevistas a menores de edad sean realizadas por personal sin experiencia ni formación específica en el tema.
¿Por qué se exige experiencia y formación en estos temas tan sensibles? Para evitar que llegue personal a realizar tratos irresponsables y abusivos a menores de edad. Revictimizar a los niños es la palabra clave. Pues en el caso de los audios de la psicóloga Barboza hay mucho más que eso.
La fiscal en mención no hizo mayor esfuerzo para disimular su interés indebido. En la primera parte de la entrevista, después de presentarse, el niño ya de cinco años le contestó: “mi mamá ya sabía que usted se llama Andrea”. Y siguió la entrevista la ilustre fiscala. Una de las personas que te pudo haber hecho algo fue tu PAPÁ, cuéntanos qué te hizo tu PAPÁ, tu PAPÁ, tu PAPÁ le insistía doña Andrea intentando direccionar al niño. Nada, nada, no, no, le respondía el niño una y otra vez durante más de 12 minutos. ¿Sabes contar? Si, tengo 40 años, le dijo el niño ¿Cuántas veces te hizo tu papá eso? Ninguna, le contestó ¿Dos o tres? Le repreguntó la fiscal, “Mmm dos”. ¿Dónde te dio besos tu PAPÁ? En la cabeza le dijeron. ¿Y eso te hizo sentir mal? le preguntó la empática entrevistadora. Siguió doña Andrea ¿En qué parte de tu cuarto sucedió? Perdón, ¿en qué parte de la casa sucedió? Perdón ¿en dónde estabas cuando sucedió? Solo faltó que el niño le dijera: “Andrea, concéntrese, eso no fue lo que ensayamos, me voy a quedar sin las camisas de Paw Patrol”.
Por esas casualidades inexplicables que tiene la vida, dos días después de hacer la entrevista, doña Andrea apareció taggeada en un grupo de amigas, con la mamá denunciante, la hermana, una testigo y la mejor amiga en común. “Apoyándonos somos más” le decía ella al grupo. No importa que ese apoyo sororo, con un gran tufo de corrupción, pueda tener secuelas emocionales grandes en un niño que una y otra vez ha demostrado cómo ama a su papá.
Así como el Colegio de Psicólogos tuvo la valentía de suspender a Adriana Barboza Rojas en un antecedente sin par en Hispanoamérica, esperamos que la Fiscalía de Probidad tenga el coraje de proteger la dignidad y altura que debe caracterizar el ejercicio de la función punitiva del estado y garantizar los derechos de la niñez a un trato digno. Con emitir directrices institucionales y capacitar a funcionarios públicos se avanza, pero no es suficiente.
Juan Manuel Godoy | Papá
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