El término lawfare, una fusión de las palabras en inglés law (ley) y warfare (guerra), ha ganado notoriedad en la última década para describir un fenómeno creciente: el uso del sistema judicial con fines políticos. Esta estrategia consiste en emprender procesos legales contra líderes políticos o figuras públicas para debilitarlos, inhabilitarlos o desprestigiarlos, sin necesidad de recurrir a métodos tradicionales de represión.
En América Latina y Europa, distintos casos recientes han revivido el debate sobre la legitimidad de ciertas investigaciones judiciales. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe enfrenta cargos por manipulación de testigos, mientras denuncia una persecución política bajo el mismo concepto de lawfare que esgrimió el expresidente estadounidense Donald Trump. La defensa de Uribe sostiene que el proceso en su contra responde a intereses políticos y no a una búsqueda genuina de justicia.
En España, diversas investigaciones periodísticas han documentado operaciones policiales realizadas entre 2012 y 2017 contra líderes independentistas catalanes y dirigentes del partido Podemos. Estas acciones, sin control judicial y con la presunta fabricación de pruebas, fueron difundidas a través de medios de comunicación afines al gobierno, lo que alimentó acusaciones de lawfare policial.
Los especialistas advierten que esta práctica representa una amenaza directa a la democracia. Aunque revestidas de legalidad, las acciones de lawfare erosionan la independencia judicial y deslegitiman el uso del derecho como herramienta de justicia. También debilitan el principio de presunción de inocencia y fomentan la polarización política.
El debate sigue abierto: ¿son estos casos ejemplos reales de persecución política, o simplemente procesos legítimos contra figuras poderosas? Mientras tanto, el concepto de lawfare se consolida como una nueva forma de lucha por el poder, donde las decisiones se juegan no en las urnas ni en las calles, sino en los tribunales.