Ley contra delincuencia organizada no ha sufrido ninguna variación ni derogatoria  

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Tal como lo ha enfatizado el Ministerio Público días atrás, el fiscal adjunto contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Pablo Cedeño Selva, explicó que la Ley contra la Delincuencia Organizada se encuentra vigente y que esta posición, incluso, ha sido respaldada por resoluciones de la Sala Constitucional. 

El funcionario hizo estas afirmaciones en el programa FrecuenciaMP, haciendo referencia a dos recursos de hábeas corpus interpuestos por abogados defensores, quienes alegaron que el plazo ordinario de prisión preventiva en causas con declaratoria de criminalidad organizada es de 12 meses, por lo que solicitaban la liberación de sus defendidos. 

“Se alegó que estaban privados de libertad injustamente porque ya había vencido el período ordinario de la medida cautelar”, puntualizó el fiscal. 

Sin embargo, en ambos casos, el 04 y el 08 de marzo, respectivamente, la Sala resolvió que, tal como lo establece la Ley contra la Delincuencia Organizada, dicho plazo es de 24 meses, por lo que declaró sin lugar los recursos. 

“Esto viene a ratificar la posición que ha mantenido el Ministerio Público en las diferentes jurisdicciones donde nos hemos apersonado a hacer valer la ley vigente, la cual no ha sufrido ninguna variación, ni ninguna derogatoria de artículos”, dijo. 

“La Sala indica que las prisiones fueron bien ordenadas, bien fundamentadas por parte de los Tribunales y que no hay ningún tipo de vulneración de derechos de libertad de tránsito, y recordemos que los votos de la Sala Constitucional son de carácter vinculante para todos los procesos”, agregó. 

El Fiscal Adjunto subrayó que la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, que ha sido mencionada en las discusiones en torno a este tema, no está vigente, pues una ley publicada en el 2019 estableció que su vigencia será 18 meses después de que se otorgue la totalidad del presupuesto necesario para su implementación, recursos que no han sido entregados al Poder Judicial. 

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