El proyecto de ley que se cocina en la actual Asamblea Legislativa para que Costa Rica salga de la denominada lista gris de países no cooperantes de la Unión Europea (UE), es un fraude descarado a esta potencia económica.
La lista gris es un mecanismo para que la comunidad financiera mundial sepa que el país que está incluido en ella, es una nación que no realiza los esfuerzos suficientes para combatir la delincuencia financiera, que no coopera para combatir el blanqueo de capitales; que facilita el lavado de dinero por actividades ilícitas como la que genera el crimen organizado, el tráfico de personas y de órganos, la corrupción y hasta el financiamiento del terrorismo.
La Unión Europea (UE), de manera reiterada, le ha venido advirtiendo a Costa Rica de que el sistema tributario que tenemos, posibilita que todas esas suciedades se manifiesten en el diario quehacer financiero del país y que, por lo tanto, tenemos ya una reputación de país-paraíso fiscal.
Como ya estamos contra la pared, están corriendo en la Asamblea Legislativa y en el propio Gobierno para decirle a la UE que, ahora sí, “nos portaremos bien” y que, con un proyecto de ley actualmente en trámite, en un santiamén, dejaremos de estar coloreados como país-paraíso fiscal. Nada más falso. ¡Todo lo contrario! Ese proyecto pretende legalizar la evasión.
Es tan grave la situación que un importante número de organizaciones de la sociedad civil (en cuenta la corriente sindical en la cual militamos), estamos denunciando ante la propia UE que ese proyecto, más bien, favorece a los generadores de renta y a los sectores evasores de capital; y que, los textos que se han estado poniendo en mesa al respecto, son regresivos y son incompletos, amén de que no se adecúan a los grandes vacíos del sistema fiscal costarricense.
Sin duda alguna, en todo momento la mano peluda del poder reinante, el de la plutocracia gobernante, como siempre lo ha hecho, impide cualquier cambio, por mínimo que sea, para que el sistema tributario costarricense deje de ser tan injusto y tan corrupto.
En esa carta que se ha dirigido al Grupo Código de Conducta sobre la Fiscalía Empresarial de la Unión Europea, se está advirtiendo de las incongruencias del proyecto que quieren aprobar con la Asamblea Legislativa, con los propios estándares en la materia que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Uno de los párrafos clave de la indicada denuncia expresa: “Además no resolvería adecuadamente los problemas de opacidad y transparencia, más bien agudiza la situación y podría favorecer a los grandes generadores de renta y sectores evasores de capital del país, esto quiere decir que el dinero no declarado podría irse a paraísos fiscales y no quedaría nada dentro de las arcas costarricenses. A la vez que Costa Rica seguiría manteniendo los portillos disponibles para la evasión, la elusión y el lavado de dinero desde el territorio nacional”.
Tan descarado es el fraude que le quieren hacer a la UE que, hasta el mismísimo Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, anunció que el Gobierno vetará ese proyecto porque le quitará a la Dirección de Tributación la potestad de cobrar tributos a quienes obtengan rendimientos en el extranjero si lo hicieron con ganancias captadas en territorio costarricense.
Es importante recalcar que Costa Rica tiene un sistema tributario arcaico que favorece la evasión y la elusión tributaria. El proyecto, así como está, seguirá dejándole la puerta abierta a los evasores y elusores, afectando más a Costa Rica, dejando portillos que permiten la fuga de capital y, por ende, seguir empobreciendo a nuestro país.
Opinión: ANEP
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