En Costa Rica, la idea de convocar a una Asamblea Constituyente ha sido debatida en diversos sectores políticos y sociales. Aunque el propósito de esta figura es la renovación o redacción de una Constitución que responda a las necesidades contemporáneas, la experiencia de otros países en América Latina alerta sobre los riesgos que puede implicar este proceso cuando no se garantiza su implementación de manera democrática y transparente.
Lecciones de Nicaragua, Venezuela y Cuba
En Nicaragua, la Asamblea Constituyente convocada tras la revolución sandinista en 1979 buscó establecer un nuevo marco político y social. Aunque inicialmente se presentó como un esfuerzo por fortalecer la democracia, el resultado fue un sistema que centralizó el poder político, limitando la pluralidad y las libertades individuales. La falta de mecanismos de control efectivos permitió que el poder se consolidara, generando las bases del actual régimen autoritario de Daniel Ortega.
Un caso similar ocurrió en Venezuela en 1999, cuando Hugo Chávez impulsó una Asamblea Constituyente con el objetivo de refundar el Estado. La nueva Constitución estableció una reestructuración institucional que concentró el poder en el Ejecutivo y debilitó los contrapesos democráticos. Con el tiempo, estas reformas facilitaron la instauración de un sistema autoritario que limitó las libertades políticas y económicas del país.
En Cuba, aunque no hubo un proceso constituyente abierto al debate, la Constitución de 1976 consolidó un modelo político de partido único, eliminando la diversidad política. Este marco legal ha servido para justificar décadas de restricciones a los derechos fundamentales, convirtiéndose en un ejemplo de cómo un proceso de reforma constitucional puede institucionalizar la ausencia de democracia.
Otros precedentes en la región
En Bolivia, el proceso constituyente de 2006-2009 impulsado por Evo Morales también enfrentó críticas. Aunque permitió avances en derechos sociales e inclusión de los pueblos indígenas, el proceso estuvo marcado por tensiones políticas que profundizaron la polarización del país. Además, las modificaciones posteriores permitieron la reelección indefinida, debilitando los principios democráticos iniciales.
Por otro lado, países como Chile ofrecen un ejemplo diferente. En 2020, se inició un proceso constituyente tras un plebiscito nacional. Sin embargo, el rechazo a la propuesta de nueva Constitución en 2022 evidenció la importancia de lograr consensos amplios y respetar la voluntad popular. Este caso resalta que un proceso constituyente no siempre garantiza cambios efectivos si no se consideran las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
Reflexiones para Costa Rica
Costa Rica se distingue en la región por su estabilidad democrática y su respeto al Estado de derecho. Sin embargo, un proceso constituyente podría poner en riesgo estos valores si no se garantiza una participación inclusiva, transparente y democrática. Experiencias como las de Nicaragua y Venezuela muestran cómo un proceso mal manejado puede convertirse en una herramienta para concentrar el poder, erosionar las instituciones y debilitar las libertades.
El debate sobre una Asamblea Constituyente debe incluir un análisis profundo de estos precedentes históricos, considerando los riesgos que implica modificar un sistema político sin garantizar salvaguardias democráticas. El desafío para Costa Rica radica en proteger sus logros democráticos y evitar que un proceso de reforma se convierta en un retroceso para el país.
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