Huelguista de hambre frente al Tribunal Contencioso Administrativo denuncia que está siendo violentamente acosado por la policía de Fuerza Pública, aunque también ha llegado la policía Municipal y Policía de Tránsito.
La protesta corresponde a que un expediente que se debió resolver en un plazo de 48 horas, lleva cerca de una semana sin respuesta, dicho proceso corresponde a una medida cautelar que busca suspender la inoculación en niños por tenerse información del fabricante, información que es pública, ordenado por un juez de los Estados Unidos.
Además, la misma CIDH, la OMS y según el Presidente Rodrigo Chaves, la misma OPS tampoco recomendó la obligatoriedad de la sustancia experimental, sustancia que fue declarada vacuna en Costa Rica en forma documental, pero aún no cumple sus etapas de seguridad y estabilidad bioquímica, tampoco se conoce los efectos a mediano y largo plazo, según dijo la Ministra de Salud en la Asamblea Legislativa, donde el mismo diputado Fabricio Alvarado dio lectura de que la sustancia es abortiva.
A pesar de todas las inconsistencias, es ausente el consentimiento informado, además de imponer la obligatoriedad de una sustancia que la misma ministra dice no conocer efectos a mediano y largo plazo, lo que convertiría a la niñez costarricense en sujetos de prueba para el resto del mundo, solo Costa Rica estaría ejecutando la obligatoriedad.
El debate científico ha sido ausente en todo el proceso, por lo que han sido decisiones políticas las que podrían poner en riesgo la salud pública, para justificar el pago de miles de millones a una farmacéutica, con un proceso de actuación muy comparable con el caso de corrupción de la constructora Odebrecht, que es como el caso cochinilla, pero en mayores dimensiones, que afectó varios países en Latinoamérica.
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