Por medio de la votación en segundo debate del expediente 21524, Ley de fomento e incentivos a los emprendimientos y las microempresas se busca darle una mano a este sector de la población.
La iniciativa pretende incentivar y fortalecer el emprendimiento mediante incentivos y apoyos al emprendedor; así como agilizar el proceso de formalización de los emprendimientos, además de estimular la reincorporación de las microempresas a la economía nacional.
La diputada María José Corrales Chacón resaltó la importancia de este segundo debate de “un proyecto que tiene como sello el empleo”, en momentos donde el desempleo golpea a más de 422 mil costarricenses.
La propuesta de ley establece una serie de beneficios e incentivos desarrollados que serán por un periodo no prorrogable de cuatro años para aquellos patronos considerados como nuevos emprendedores o microempresarios, sean físicos o jurídicos, que se inscriben o reanuden ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con un máximo de hasta cinco trabajadores y tienen actividades económicas de carácter permanente.
Los patronos considerados como emprendedores o microempresarios con un máximo de hasta cinco trabajadores, sean físicos o jurídicos, que se inscriben o reanuden las actividades comerciales y económicas de carácter permanente podrán optar por un régimen especial.
Los emprendedores y microempresas que reúnan los requisitos deberán realizar un aporte patronal sobre el salario de sus trabajadores correspondiente al 75% del aporte establecido en el inciso a) del artículo de la Ley N.º 4760, de 4 de mayo de 1971 y sus reformas al Instituto Mixto de Ayuda Social y del inciso b) del artículo 15 de la Ley N.º 5662, de 23 de diciembre de 1974 y sus reformas al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, durante un período de cuatro años no prorrogables.
El legislador José María Villalta Flores-Estrada aseguró que este proyecto es un buen apoyo para los pequeños empresarios, en momentos de crisis.
Esta propuesta de ley pretende que los pequeños empresarios lleguen a la formalidad y se cumpla con la legislación laboral.
También se le dio segundo debate al expediente 22112, Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, que pretende adicionar y ajustar el título II del Estatuto de Servicio Civil, conocido como Ley de Carrera Docente, con el propósito integrar de mejor amanera el principio del interés superior, en tanto derecho sustantivo y derecho procesal, y que este se aplique sistemáticamente en todas las etapas o fases del procedimiento del Régimen Disciplinario Docente.
La iniciativa busca reconocer la condición de sujeto de derecho de las personas menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente que cobija a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación Pública, que tengan por objeto determinar eventuales responsabilidades derivadas de denuncia de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a una persona menor de edad o un grupo de personas menores de edad, como víctimas, conforme lo dispuesto en los artículos 66, inciso a), y 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
La diputada Patricia Villegas Álvarez señaló que la iniciativa fue redactada con el apoyo de diferentes entidades como la Defensoría de los Habitantes.
Villegas comento que se busca prevenir la revictimización y se pretende aplicar la in dubio pro víctima.
La iniciativa fue aprobada con el apoyo de 42 legisladores.
Los legisladores iniciaron el análisis por el fondo en el trámite de primer debate del expediente 22433 Aprobación del financiamiento del Fondo Monetario Internacional a través de la Facilidad de Servicio Ampliado del Fondo para el programa de apoyo para la recuperación post pandemia y la consolidación fiscal.
El congresista del PIN, Walter Muñoz Céspedes cuestionó el crédito con el Fondo al asegurar que no “es verdad” que el tema de Empleo Público fuera clave para aprobar el empréstito.
Por su parte, Paola Vega Rodríguez legisladora oficialista, afirmó que con este crédito se cambia deuda cara por deuda barata. “Este es un cambio en las fuentes de financiamiento”.
El monto total del financiamiento es por la suma equivalente a $1.778 millones al en donde el Prestatario es el Gobierno de la República de Costa Rica a través del Ministerio de Hacienda.
Los recursos del préstamo serán desembolsados en seis tractos por el FMI, podrán ser utilizados para el financiamiento de la estructura de gastos del Presupuesto Nacional y son de libre disponibilidad. Al Ministerio de Hacienda le corresponderán los compromisos financieros asociados al servicio de la deuda por concepto de amortización, intereses y comisión.
