Este jueves, la Policía Profesional de Migración, bajo dirección funcional de la Fiscalía contra la Trata y Tráfico de Personas, realizó dos allanamientos en Los Chiles y La Fortuna de Alajuela, para detener a una mujer apellidos Castro Rayo, de nacionalidad nicaragüense por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
Esto se da a raíz de una investigación iniciada por Migración en mayo de este año, por una denuncia de una adolescente que había sido captada en su lugar de trabajo en Boca Arenal, quien fue trasladada, ofreciéndole un trabajo en labores domésticas, a un establecimiento comercial Bar El Palenque ubicado en Los Chiles, cerca de la línea fronteriza. Sin embargo, la finalidad de su traslado era someterla a explotación sexual.
Otros dos miembros de la organización criminal requieren ese localizados, quienes habrían promovido la captación, el traslado y el sometimiento de la persona adolescente, se trata de una mujer nicaragüense de apellidos Chavarría Sevilla y un hombre panameño, Santamaría Caballero, quienes además, en la actualidad se encuentran enfrentando un proceso penal ante el Tribunal de Juicio de Ciudad Quesada por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y requieren ser localizados para fines policiales. En caso de ubicar a estas personas, llamar de forma inmediata a las autoridades a los teléfonos 2106-4001, 6389-2777 y 6163-2096 de la Policía Profesional de Migración.
La persona detenida fue presentada ante los Tribunales de Justicia de Ciudad Quesada.
Referente a este caso, el 12 de noviembre del 2020, la Policía Profesional de Migración desarticuló una estructura criminal de trata de personas conformada por once miembros de diferentes nacionalidades, liderada por Chavarría Sevilla junto con otros colaboradores, incluido Santamaría Caballero.
Para ese momento, la PPM logró demostrar que la red criminal trasladaba a las víctimas entre nueve establecimientos que mantenían en todo el país para que brindaran servicio sexual, cobrando desde 16 mil hasta 500 mil colones, de acuerdo al perfil y solicitud del cliente. Asimismo, la organización sometía a las víctimas a permanecer en los establecimientos bajo coacción y amenaza, se les impedía salir de los lugares sin previa autorización y en ocasiones eran obligadas a consumir drogas.
