El número de migrantes en América Latina y el Caribe se ha duplicado, pasando de 8.3 millones en el año 2010 a casi 17 millones en el 2023. Esto ha originado la necesidad de analizar sus problemas estructurales, para promover políticas públicas, encontrar soluciones a través de marcos normativos regionales alineados a los derechos humanos.