Los diputados aprobaron el expediente 23690, que autoriza la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones, cuando involucre el esclarecimiento de delitos como extorsión cobratoria; secuestro extorsivo; corrupción agravada; proxenetismo agravado; fabricación, producción o difusión de pornografía y delitos sexuales contra personas menores de edad; trata de personas; tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos; contrabando; homicidio calificado.