El movimiento sindical reunido en Asamblea General, este sábado 21 de enero de 2023, desde las 10:00 a.m., en el Auditorio Carmen Lyra, del Sindicato SEC, discutió el tema de la resolución sobre la convocatoria de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para elegir un representante sindical. En este caso, no solo reiteró la designación de Martha Elena Rodríguez González como su representante ante ese órgano, sino que comprometió su apoyo para la gestión legal que se lleva a cabo en defensa de la Constitución Política, la Ley Constitutiva de la CCSS y la democracia costarricense.
A la vez, se respaldó la gestión ante los organismos nacionales e internacionales, en ddfensa de la libertad sindical, los derechos humanos y la democracia.
En un documento, titulado, COMUNICACIÓN DEL ACUERDO DE ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE MOVIMIENTO SINDICAL, dirigido a la presidenta de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en el cual ratifica todo lo anteriormente mencionado.
«Manifestamos que en la Asamblea de Representantes del Movimiento sindical, acordamos oponernos al objetivo de esta convocatoria, la cual resulta improcedente y sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico…», indica el documento.
Ya ratifica que,»La compañera Martha Elena Rodríguez González, en la asamblea de representantes del movimiento sindical, celebrada el 20 de mayo del año 2022, conforme lo estipulado en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, fue electa, de manera democrática, representante de este sector, en la Junta Directiva de esa institución.», y agrega que,»La convocatoria para sustituir temporalmente a la compañera Martha Elena Rodríguez González, publicada en el Diario la Nación, a finales del año pasado, tiene su origen en el ilegítimo acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en la sesión ordinaria N°033, celebrada el 07 de diciembre de 2022, que ordenó la separación del cargo en que elegimos y nombramos a la compañera Rodríguez González.
Ese acuerdo constituye un acto de naturaleza política, que violenta de manera evidente y manifiesta nuestro ordenamiento jurídico.»
Concluye el documento manifestando que, «Exigimos al Gobierno de la República que cese la campaña de desprestigio y las políticas de hostilidad destinadas a desestabilizar la Caja Costarricense de Seguro Social, con el espurio objetivo de allanar el camino para privatizar los servicios públicos que presta esta emblemática institución.»
