La creciente desconfianza en los funcionarios públicos y su relación con la industria farmacéutica ha impulsado la formación del Movimiento Patriótico Soberanía, un colectivo que aglutina diversos movimientos sociales con el objetivo de cuestionar y oponerse a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La falta de transparencia y la ausencia de un debate público sobre las políticas de vacunación han exacerbado las sospechas de corrupción y manejo indebido de recursos públicos. Las declaraciones de la Ministra de Salud, afirmando la verdad incuestionable de la información oficial, han generado descontento en una parte significativa de la población, que percibe un posible uso de la pandemia para encubrir actos corruptos.
La etiqueta de «anti-vacunas», promovida desde el gobierno y medios de comunicación sin evidencia clara de seguridad y eficacia de las vacunas, ha sido vista como una forma de silenciar a quienes cuestionan la narrativa oficial. La censura y la falta de un debate abierto han fortalecido la percepción de que existe una estructura manipulativa en la administración pública, utilizando campañas de miedo para desviar la atención y manipular la opinión pública.
Cuestiones como la obligatoriedad de las vacunas, la falta de consentimiento informado, la opacidad sobre los efectos adversos y la existencia de contratos comerciales declarados como secreto de estado, continúan erosionando la credibilidad en las instituciones. Estos temas han sido centrales en el discurso del Movimiento Patriótico Soberanía, que denuncia la violación de derechos constitucionales en el país.
El movimiento ha aprovechado el poder de las redes sociales para difundir su mensaje, aunque se enfrentan a la censura por parte de troles y plataformas digitales. Personas con familiares afectados por efectos adversos de las vacunas también han sido silenciadas, lo que ha incrementado el boca a boca y la difusión orgánica de sus denuncias.
El Movimiento Patriótico Soberanía emerge como una respuesta a la creciente desconfianza en las autoridades y su gestión de la crisis sanitaria, buscando transparencia, debate público y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
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